La zona amaneció rodeada con decenas de agentes de la Policía de la Ciudad, varios vehículos de detención, carros de asalto, camiones hidrantes y casi 80 agentes de Infantería preparados para sacar por la fuerza a las familias.

La orden de desalojo fue dispuesta por la jueza Paula Andrea Castro, a cargo del Juzgado Civil N° 93, en base a una causa iniciada en 2007 por motivos que los y las vecinas desconocen. “Gracias a la resistencia de las familias y al apoyo de los vecinos y vecinas del barrio, y a la presencia de organizaciones, la policía porteña no pudo realizar el desalojo”, contó a Tiempo Argentino Gigi Krein, integrante de la organización Consejería de Viviendas. 

El intento de desalojo estuvo lleno de irregularidades. “Nunca jamás notificaron a las familias sobre que se iba a realizar el desalojo, ni hubo un censo para conocer el estado de quienes viven en el lugar, cuántos niños y niñas hay y cómo se encuentra el conjunto de sus habitantes”, agrega Krein. En el hotel viven niñes, personas con discapacidades, adultes mayores, algunes con oxígeno y graves problemas de salud.

A partir de una negociación donde intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, acordaron dar plazo hasta el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, el Ejecutivo porteño deberá buscar una solución habitacional a las 70 familias para que no queden en la calle.