El magistrado dispuso que el Gobierno porteño suspenda cualquier desalojo que no esté estrictamente justificado por motivos de seguridad edilicia. La medida también impide ejecutar operativos sin intervención judicial previa, lo que implica frenar procedimientos administrativos acelerados. Y exige que garantice una solución habitacional transitoria, inmediata y adecuada para cada familia afectada, en caso de que el desalojo sea inevitable por razones de riesgo.
En este sentido, Gallardo remarcó que “dejarlas sin techo no es una opción”, en línea con estándares internacionales de derechos humanos que prohíben desalojos sin alternativas habitacionales dignas.

La decisión del juez se da en respuesta a la denuncia presentada por los legisladores porteños Victoria Freire y Pitu Salvatierra, quienes acusaron al Gobierno de la Ciudad de manipular trámites administrativos para acelerar desalojos y dejar a familias vulnerables sin asistencia estatal.

Según la presentación, la política de “recuperación de viviendas” se estaba aplicando sin controles judiciales y sin ofrecer alternativas habitacionales, lo que violaría la Constitución porteña y la Ley 3706 de Protección Integral de Personas en Situación de Calle.