El jueves pasado las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el juzgado Civil N° 60. "El Ministerio de Seguridad está preparando un operativo de gran magnitud, pero no sabe si hay posibilidad de realizarlo porque es tanta la gente hay que no se podría evitar violencia, son necesarios mil policías. No están en condiciones y podrían llamar a fuerzas federales", advirtió a Télam Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que patrocina a las familias.

Las familias ya atravesaron una situación similar en 2019 y tras una acción de amparo la Justicia prohibió que se lleven a las familias a hoteles, y estableció que el gobierno porteño debe garantizar una prestación económica para que las familias puedan alquilar.

“Las familias son de bajos recursos, en su mayoría son jefas de hogar, niños y adolescentes. Hace 20 años que viven allí, es una fábrica que había cerrado por una quiebra y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro. La Ciudad sabe de esta situación y no garantiza el derecho a la vivienda de la gente", denunció Herrera.

“Todos estos años de lucha, hemos transitado un camino proactivo de propuestas expuestas en todo ámbito institucional, hemos caminado la Legislatura porteña para que se aprueben los distintos proyectos de ley presentados desde la Casa, conformarnos en cooperativa de vivienda (Papa Francisco Ltda.) para acceder de forma colectiva a la construcción de una solución definitiva en esta ciudad, también hemos golpeado las puertas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat Nacional y de la Ciudad con reuniones en las diferentes gestiones, pero aun así y con un desalojo en puerta, no hemos alcanzado los compromisos políticos necesarios para prosperar las mesas de trabajo que logren destrabar de una vez y por todas la solución habitacional que tanto trabajamos en el cotidiano”, explicaron las familias en un comunicado.

“Hoy en un contexto donde no existe la solución de mínima que es la relocalización en un contexto donde no hay oferta de alquileres, donde nos discriminan por tener hijos pequeños a cargo, con valores de mercado que no podemos sustentar nos vemos en la obligación de volver a resistir el desalojo más grande de la ciudad”, sostuvieron y convocaron a una marcha para el jueves por la tarde hacia el Obelisco porteño.

El inmueble en cuestión perteneció a la fábrica de toallas Selsa, que quebró en los años 90. El edificio fue abandonado en 2002, luego de un fallido emprendimiento inmobiliario y la parte de la calle Santa Cruz fue ocupada por algunas familias. En 2010, fue a remate y pasó a manos del empresario Leonardo Ratuschny que inició el juicio por desalojo.