El diario cooperativo Tiempo Argentino realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas familias, personas con discapacidad, adultos, niñas y niños, fueron desalojados desde el 10 de diciembre de 2023 cuando Macri asumió su mandato. El documento fue presentado el pasado 6 de enero, cuando la cantidad de inmuebles desalojados era de 551.

La Dirección General Red de Atención, dependiente de la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, informó que detrás de la “recuperación de esos inmuebles” se desalojaron 826 familias, integradas por un total de 2725 personas”.

El gobierno porteño informó que hubo “2168 personas adultas (número compuesto por los adultos que se encontraban dentro de un grupo familiar y personas solas). Y un total de 1060 niños, niñas y adolescentes. Si sumamos ambos grupos da 3228. Una cifra mayor de los 2725 brindada también por el gobierno de CABA antes de desglosar los datos.

Muchos de estos desalojos fueron ordenados por la Justicia pero otros decretados por el propio jefe porteño. Situación sobre la cual no existen datos oficiales concretos.

“En el marco de la feria judicial, al no poder avanzar los juicios por desalojo, sobre todo en el foro civil, el Gobierno de la Ciudad está arremetiendo con lo que son los desalojos por supuestos peligros de derrumbe, sumamente irregulares. Lo hacen sin informes que uno pueda considerar objetivos y sin la posibilidad de que los habitantes presenten peritos de parte”, dijo a Tiempo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda, una organización que lucha para garantizar el acceso y el derecho a la vivienda

“Ya veníamos alertando por el crecimiento de este tipo de desalojos pero ha crecido de modo exponencial en el último tiempo. De parte de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA no vemos ningún tipo de solución. Todo sigue igual o peor. Hay recortes en el programa de subsidio habitacional, los hoteles y pensiones siguen sin aceptar chicos, sin aceptar mascotas. Vemos el avance del Instituto de la Vivienda (IVC) en la Villa Rodrigo Bueno, donde hay emprendimientos del grupo IRSA, también de Lépore, generando oleadas de desalojos. Frente a esto la propuesta es organizarse, perder el miedo, salir a la calle, que es donde las batallas se terminan definiendo”.

Frente a esta grave situación que vulnera el derecho a la vivienda de miles de familias, el Gobierno porteño ofrece un Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional.

El monto máximo que se entrega es de $ 2724.000 por año. Se divide en un máximo de 12 cuotas mensuales de hasta $ 227.000, según la composición familiar. Una sola persona recibe 159 mil pesos; un grupo familiar de dos personas $ 181.000 y un núcleo conformado por tres integrantes $ 204.000. Las familias de cuatro o más miembros reciben hasta $ 227.000. Un monto insuficiente para cubrir un alquiler en la Ciudad, donde una vivienda de dos ambientes ronda los $ 600.000 u $ 800.000, según el barrio.