El martes pasado, el juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar colectiva para que el gobierno porteño “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo”.

La medida judicial se inició a raíz de un amparo individual por el desalojo de una propiedad en la calle Montes de Oca al 1700, pero la demanda se amplió luego con presentaciones de los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires (PJ), Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. Ambos diputados de la ciudad habían pedido que se concediera carácter colectivo al proceso y se declarase la ilegitimidad de los desalojos que viene impulsando el jefe de gobierno.

Macri reaccionó con dureza, calificó la decisión como “absurda” y apuntó contra Gallardo y el legislador kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra, a quienes acusó de defender a los ocupantes ilegales y de atacar la propiedad privada. “Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película”, publicó. 

La política de restitución de propiedades privadas es uno de los pilares de la agenda de “ley y orden” que impulsa Macri de cara a los comicios de 2027 para mostrar una impronta más dura, en línea con la política nacional.

Luego de que el jefe de gobierno lo volviera a acusar a “defender a los okupas”, el legislador de Fuerza por Buenos Aires le respondió al Jefe de Gobierno. “Lo que dice la Justicia es que no puede actuar como juez y desalojar a las familias usando la excusa de riesgos de derrumbe”, dijo Salvatierra. Puntualizó que, en caso de peligro edilicio, se deben presentar informes técnicos y protocolos que avalen la intervención, mientras que, “si hay un conflicto con la tenencia de un inmueble, tiene que solicitar la intervención judicial”.

Por ahora, la política quedará en suspenso hasta tanto se dicte sentencia definitiva u otra resolución judicial modifique la cautelar. Tal como lo establece el fallo, el gobierno sólo podrá intervenir en aquellos casos en los que exista riesgo edilicio inminente que pueda poner en riesgo la vida o integridad física de sus residentes.

Pero en todos los procedimientos deberá presentar un informe técnico que especifique los riesgos advertidos, sectores edilicios comprometidos y los motivos que hacen necesaria la evacuación.

 

Fuente: La Nación