Andrea, una de las mujeres desalojadas que participó de la movilización, contó a FM La Patriada: "Me dijeron que si no iba al alojamiento me iban a sacar a mi hija, si me quedaba en la calle".

"¿Por qué me van a sacar a mi hija si yo no estaba en la calle? Si estoy luchando por darle un techo. No tienen el derecho de hacer eso. ¿Por qué no se acercaron antes de desalojarnos? A dialogar, a asesorarse, a ver cómo estaba la familia, qué era lo que realmente necesitábamos", denunció.

La mayoría de las desalojadas tienen niños a cargo y se habían organizado en la toma luego de quedar en la calle por la suba del precio de los alquileres. Contaron que desde el Gobierno porteño lo único que les ofrecieron es un subsidio habitacional, que es temporal y resulta escaso.

"Somos más de 80 mamás solteras, queremos luchar por una vivienda digna. Queremos una mesa de diálogo para poder dejar en mesa lo que buscamos realmente", dijo la mujer, quien comentó que, hasta el momento, ninguna de sus compañeras había podido "alquilar", porque "los dueños de las casas dentro de la Villa 31 no nos quieren alquilar porque tenemos hijos".

Marina Joski, del MP La Dignidad, explicó que llevaron una carta a la Legislatura con el pedido al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de una mesa de diálogo. "Nos dijeron que no había nadie del bloque oficialista, pero esperamos que el secretario parlamentario de Larreta reciba la carta".

En el reclamo al gobierno porteño señalaron que el centenar de familias desalojadas tienen no sólo vulnerado el acceso a la vivienda, sino otros múltiples derechos por los que el Estado debería velar: a la alimentación, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia.

Por eso también, entre las desalojadas cuestionaron al gobierno nacional, porque desde el Ministerio de las Mujeres no se acercaron a ver cómo estaban las familias, a pesar de haber hecho público que muchas integrantes de la toma vienen de sufrir violencia de género.

El violento operativo del jueves pasado con topadoras, fuego y un despliegue de centenares de policías armados que destruyeron las casillas y las pocas pertenencias de las familias fue denunciado judicialmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por abogados de Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.