En el último año los casos de desalojos se multiplicaron en toda la Ciudad y, por supuesto, La Boca no fue la excepción. Según datos proporcionados por el gobierno de Jorge Macri, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 en toda la Ciudad, más de un desalojo por día hábil. De la mano de esta tendencia en aumento, hay otro dato alarmante: crecieron de manera exponencial los desalojos administrativos, es decir los que impulsa y ejecuta el Gobierno. Los números hablan solos. En 2024, el 98% de los desalojos se realizaron por orden judicial y los administrativos representaron apenas el 2%. En los dos primeros meses de este año, este tipo de desalojos pasaron a ser el 58% del total. Estos datos demuestran que las clausuras por “peligro de derrumbe” dejaron de ser casos aislados y se transformaron en una política de Estado en la que la protección de las personas es la excusa para vaciar rápidamente un inmueble sin ningún tipo de control. El brazo ejecutor de esta política es la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Después, sobre cada desalojo se monta el show mediático de Jorge Macri -en modo campaña- que se ocupa de estigmatizar y criminalizar.   

El modus operandi es que la Guardia de Auxilio, con alguna excusa, ingrese a la propiedad, firme un acta de peligro de derrumbe o riesgo edilicio para que la Policía de la Ciudad proceda a expulsar a los habitantes de los edificios en cuestión. Antes que las ambulancias y los trabajadores sociales llegan los agentes del Departamento de Operaciones Urbanas (DOU) con sus escudos y gases lacrimógenos y los camiones para cargar las pertenencias de las familias.

Los desalojos administrativos aumentaron del 2 al 58 por ciento del total en el último año. En los primeros dos meses de 2026, dejaron sin vivienda a 220 familias.

Las irregularidades de estos desalojos llevaron a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto a vecinas desalojadas y a la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI) a presentar un amparo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 dispuso como medida cautelar el cese de estos desalojos. En la resolución, el juez ordena al Gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente”. Y establece, además, como regla que debe dar comunicación inmediata al Tribunal de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan.

La Justicia dispuso también que el Gobierno deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pasar la noche en sus hogares. Hoy les ofrecen ir a paradores que están abarrotados y lejos de la escuela de los chicos, el trabajo y las redes de las familias, y un subsidio de 200 mil pesos para alquilar una habitación para familias de 4 personas o más. 

En La Boca el nuevo mecanismo del Ejecutivo para desalojar de manera exprés ya es parte del aceitado engranaje de gentrificación que expulsa familias a diario. En julio de 2024, a pocos meses de asumir, Jorge Macri decretó el desalojo de más de veinte familias que vivían en el edificio de Pedro de Mendoza y Necochea. Con un enorme operativo policial, sin control judicial ni previo aviso, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad fueron dejadas en la calle por el propio Estado que debería garantizar sus derechos básicos. Después de aquel desalojo, llegaron otros también administrativos, con policía, pero bajo el argumento del peligro de derrumbe. Como en el conventillo de Melo y Salvadores, donde viven cinco familias desde hace décadas, o los que ocurrieron en la calle Necochea, casualmente, dos días antes de que el jefe de Gobierno porteño tuviera planificado inaugurar un espacio a pocos metros de allí. En las mismas cuadras que buscan convertir en el camino que hagan los turistas para ir desde Puerto Madero, pasando por la Usina del Arte, a Caminito. Las mismas que ahora se volvieron peatonales y que promocionan “para que caminar sea más cómodo y seguro”.