La diputada Claudia Neira, junto a un grupo de legisladores de distintos bloques opositores, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre la gestión de inmuebles con "emergencia edilicia" desde 2024 hasta la actualidad. 

A través de esta iniciativa solicita que el Gobierno porteño responda en un plazo máximo de 30 días y remita la información en formato digital abierto y procesable para que la Legislatura pueda ejercer un control efectivo sobre una política pública que, hasta ahora, el Ejecutivo maneja con escasa transparencia. 

El pedido de informes abarca múltiples dimensiones del sistema de gestión del riesgo edilicio: la existencia de registros actualizados de inmuebles, los criterios técnicos de clasificación de riesgo, la cantidad de inspecciones realizadas, las intervenciones con o sin uso de fuerza pública, y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, desalojos o apuntalamientos. 

También se indaga sobre la continuidad de las intervenciones: los legisladores requieren datos sobre la ejecución de obras posteriores a la detección del riesgo, los plazos entre diagnóstico e intervención, y los casos en los que no se habrían realizado obras estructurales pese a la vigencia de la emergencia edilicia.

Otro eje central del proyecto apunta directamente a la actuación de las fuerzas de seguridad y al acompañamiento social de las familias afectadas. La iniciativa pide detallar la cantidad de personas afectadas por desocupaciones, los dispositivos de asistencia habitacional implementados, el seguimiento posterior de los hogares desalojados y la información sobre la restitución de inmuebles.

También solicita datos sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones o secuestros de elementos, y la articulación entre organismos técnicos, de control y áreas sociales durante las intervenciones.

El texto del proyecto es preciso en su argumento central: la gestión del riesgo edilicio involucra decisiones que pueden implicar restricciones de uso o desalojos, por lo que dichas medidas deben estar debidamente fundamentadas, ser proporcionales al riesgo detectado y orientadas a su resolución estructural.

 

Fuente: Nueva Ciudad