El operativo forma parte de una política más amplia que la administración macrista está llevando adelante en villas y asentamientos de la Ciudad que incluye controles de accesos, operativos policiales, fiscalizaciones y acciones destinadas a intervenir sobre construcciones y actividades consideradas irregulares. En mayo, por ejemplo, realizó un megaoperativo simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos La Carbonilla, con el despliegue de más de 1.500 efectivos y la participación de distintas áreas de Gobierno.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que bajo el discurso de la seguridad se registraron prácticas sin control judicial, situaciones de violencia y hostigamiento. “Este tipo de intervenciones despliega sobre las personas que viven en villas y barrios populares prácticas de control estatal que serían impensables en otras zonas de la ciudad en las que también se cometen irregularidades y delitos de distinto tipo. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales, los controles masivos y la ocupación territorial se aplican sobre comunidades enteras bajo la presunción de sospecha permanente”.

Además, la ofensiva sobre los barrios populares se da en un contexto en que los procesos de urbanización se encuentran paralizados por el desmantelamiento de la política nacional de integración socio-urbana y la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares de todo el país.

“Estos allanamientos se inscriben en una escalada del Gobierno de la Ciudad contra los sectores más pobres: personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular, desalojados, migrantes, es decir, personas que viven en la Ciudad y que más están sintiendo el impacto del modelo económico. Crear zonas de exclusión de hecho no aporta en nada a la integración de la ciudad”, sostuvieron desde el organismo.

Según el Gobierno porteño, estas acciones buscan garantizar el ordenamiento del espacio público y la seguridad. En el caso del operativo en La Carbonilla, sostuvieron que se realizó para frenar el crecimiento de edificaciones en altura y prevenir riesgos estructurales, pero la medida abrió el debate sobre la presencia del Estado en los barrios populares con políticas públicas de urbanización.

En este sentido, la legisladora por Fuerza por Buenos Aires, Victoria Freire, señaló: “Los vecinos de La Carbonilla necesitan obras, acceso a todos los servicios públicos, integración social y urbana, no patoterismo, robos de materiales de trabajo, destrucción de sus espacios. Todo el repudio al nuevo espectáculo del horror que montaron Jorge Macri, Espacio Público y la Policía en barrios populares de la Ciudad”.

En la Legislatura porteña, el bloque de Fuerza por Buenos Aires presentó un proyecto para repudiar el operativo y exigir información sobre los controles realizados. Los legisladores sostienen que el despliegue policial fue desproporcionado y que habría afectado derechos y bienes de los habitantes, especialmente el derecho al trabajo. También cuestionan que los procedimientos se hayan realizado sin exhibir, según afirman, órdenes judiciales o administrativas que los justificaran.

“Las medidas relacionadas al ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción deben ser analizadas en el contexto de las obligaciones que pesan sobre el Estado en materia de integración socio-urbana”, explicitaron en el pedido.

También solicitan al Ejecutivo que detalle las obras de infraestructura, tendido de servicios básicos y mejoras habitacionales realizadas por el IVC en La Carbonilla durante 2024, 2025 y hasta la actualidad, junto con el presupuesto asignado y ejecutado.  Además de conocer el detalle de las medidas que prevé implementar la Ciudad para atender las necesidades habitacionales vinculadas con el crecimiento poblacional del barrio y si el régimen de restricción y control de materiales será extendido a otros barrios populares.

Los autores sostienen que la respuesta al crecimiento de las construcciones no debería limitarse al control de materiales, sino incluir políticas de urbanización, regularización, infraestructura y mejoramiento habitacional.

La Carbonilla surgió a principios de los años 90 y se consolidó con la crisis económica del 2001 en terrenos del Ferrocarril San Martín, ubicado entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. Según los últimos datos demográficos, en el asentamiento residen aproximadamente 4.000 personas.

Después de años reclamos y proyectos que no llegaron a debatirse en el recinto, la junta vecinal del barrio presentó en junio una iniciativa de reurbanización integral para lograr el acceso a infraestructura adecuada, servicios básicos seguros, regularización dominial y viviendas dignas que espera su tratamiento.