Según el régimen vigente, los inmuebles sin herederos pasan a manos del Estado que los incorpora a su patrimonio y pueden destinarlos al Fondo Educativo Permanente o ser subastados.

La iniciativa de la defensora del Pueblo propone modificar la Ley 52 e incorporar al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al procedimiento y que ambas carteras evalúen, dentro de un plazo de 10 días hábiles administrativos, si las propiedades pueden destinarse a fines educativos o habitacionales.

Si alguno de los ministerios manifiesta interés en incorporar un inmueble, la Procuración General de la Ciudad deberá disponer su incorporación al patrimonio porteño y su afectación al organismo solicitante. En caso de que ambos reclamen la misma propiedad, el proyecto establece prioridad para Desarrollo Humano y Hábitat.

Los inmuebles destinados a vivienda deberán incorporarse al Plan Integral de Estrategias Habitacionales orientado a personas en situación de vulnerabilidad sociohabitacional, aprobado en marzo de 2026, o al programa que lo reemplace. Si ninguna de las dos carteras manifiesta interés, se realizará una subasta pública a través del Banco Ciudad. Los fondos obtenidos ingresarán al Fondo Educativo Permanente, luego de descontar las deudas del causante, los gastos judiciales y, cuando corresponda, la comisión del denunciante.

El proyecto parte de una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU), que relevó al menos 626 inmuebles incorporados al régimen durante los últimos 15 años. Según esos datos, 613 fueron subastados y 13 incorporados al patrimonio de la Ciudad por decisión del Ministerio de Educación, aunque solamente tres tienen fines educativos específicos.

El informe también señala que el 86,5% de los inmuebles son departamentos aptos para vivienda. Para la Defensoría, estos bienes podrían contribuir a ampliar las alternativas habitacionales destinadas a personas y familias que enfrentan dificultades para acceder al mercado formal de alquiler, por la falta de garantías, la informalidad de sus ingresos u otras situaciones de vulnerabilidad.

El proyecto también propone habilitar a la Defensoría del Pueblo a actuar como veedora institucional del procedimiento y formular recomendaciones no vinculantes para fortalecer la transparencia y la publicidad de los actos.