Luego de que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad realizara en la noche y la madrugada del 11 de mayo un nuevo relevamiento exprés, las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas en situación de calle denunciaron que la maniobra del Gobierno porteño para ocultar los datos de una problemática social, que se agravó durante la pandemia.

El censo oficial “subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas, incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado”, manifestaron desde Proyecto 7, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular Nuestramérica, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El 23 de diciembre de 2020, habían logrado firmar un acuerdo para conformar una mesa de trabajo, integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, con el objetivo de desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle.

"Avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el Gobierno porteño corrigiera su metodología de conteo", entendían desde las organizaciones participantes.

Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, anunciaron que realizarán el 3° Censo Popular de personas en situación de calle, con la misma metodología que utilizaron en 2017 y 2019.  “Esto implica su realización mediante un barrido territorial exhaustivo realizado a pie por quienes recorren los barrios cotidianamente, durante varios días y no sólo de noche. Esto es fundamental para poder entrevistar y tener información específica sobre la situación en que se encuentran y, sobre esta base, diseñar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de quienes no tienen un lugar donde vivir”, explicaron.

Los resultados del Censo Popular de 2019 demuestran que el principal motivo por el cual la gente terminó en situación de calle fue la pérdida de empleo, que las dejó sin ingresos para poder pagar el alquiler.  Esta situación se agravó durante la pandemia y, a pesar de contar con el diagnóstico, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no implementó ninguna política para contener a quienes podían quedarse sin su vivienda durante el último año. Tampoco puso en marcha políticas para garantizar que se cumpla el decreto 320, del gobierno nacional que, entre otras medidas, suspendió los desalojos. 

El Censo oficial, realizado en plena pandemia, relevó que hay 2500 personas en situación de calle en la ciudad, de las cuales 1500 duermen en paradores y 1000 están a la intemperie.

A pesar de que la crisis habitacional se profundizó con los efectos de la pandemia, por el aumento desproporcional de los alquileres y los desalojos, que nunca cesaron en el ámbito porteño, el número informado de personas en calle efectiva es inferior al que registró el propio gobierno hace dos años, cuando recabó un total de 1146 personas sin contar la cifra de los paradores.  Y, muy por debajo de los números recabados por las organizaciones en 2019, que arrojó una cifra de 7251 personas, 5412 sin acceso a paradores.

Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, aseguró al Página 12 que "tomando nuestros registros del trabajo cotidiano creemos estar alrededor del 30 por ciento arriba de lo que recabamos en 2019".