A más de una semana del derrumbe y sin más respuestas que el traslado a paradores por parte del Gobierno de la Ciudad, un grupo de vecinas representadas por el defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Integración Social, Nicolás Buitrago, se presentaron ante la justicia.

El juez Andrés Gallardo sostuvo que quedaban cumplidas dos condiciones necesarias para otorgar una medida cautelar, que son la verosimilitud de lo denunciado y el peligro en la demora de una decisión.  El magistrado dispuso que la administración porteña deberá reconstruir las casas de las familias afectadas, entregar en 24 horas un plan de emergencia habitacional para el período de transición (que no sean subsidios o paradores nocturnos) y poner una consigna policial las 24 horas donde la gente todavía tiene sus pertenencias, además de retirar los escombros y residuos y garantizar las necesidades de higiene, salubridad y alimentación. 

También le dio un día a la administración de Rodríguez Larreta para que brinde un informe detallado de las viviendas afectadas: que las identifique, que explique la situación estructural actual (algunas, por ejemplo, tienen las paredes llenas de roturas y fisuras), un inventario de los elementos que tienen las familias allí, la composición de cada grupo familiar y dónde se encuentra cada una de las personas damnificadas. 

Gallardo sostuvo que "las circunstancias descriptas en la demanda se encuentran ratificadas por las constancias documentales acompañadas, que exponen en conjunto una grave situación de vulnerabilidad habitacional que pone en grave riesgo la vida y la salud de los grupos familiares involucrados". Señaló que ya quedaron expuestas de "modo contundente las gravísimas y riesgosas condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad que presentan las viviendas de los grupos familiares actores y el peligro que éstas desencadenan, no sólo por la ostensible pérdida de pertenencias y afectación en la vida cotidiana, sino también ante el riesgo de derrumbe de otras estructuras y de ocurrencia de siniestros causados por la presumible deficiente instalación eléctrica y demás servicios domiciliarios".  

El derrumbe que dejó a las familias en la calle fue consecuencia de la demolición de dos viviendas deshabitadas que llevaba a cabo la empresa Villarex, contratada por el Gobierno porteño, como parte de las obras del plan de urbanización del barrio. 

El miércoles por la tarde, luego de conocerse la cautelar, el subsecretario de Integración Social y Económica, Tomás Galmarini, se reunió con les vecines, las legisladoras de Frente de Todos, Maru Bielli y Lucía Cámpora y del FIT, Alejandrina Barry y representantes del Ministerio Público de la Defensa, de ATAJO, de la Asesoría tutelar y del centro de Acceso a la Justicia para ofrecerles la limpieza de las casas, un resarcimiento a siete días y un subsidio aún no definido. Ninguna de las soluciones definitivas que el Magistrado determinó en su resolución.

Fuente: Página 12