El barrio se llama “Rodrigo Bueno”, aunque en esta calurosa jornada de verano, no hay rastros del cuarteto cordobés sonando por ningún parlante. Por el contrario, la cumbia y la salsa dominan el ritmo de la tarde. Pero ojo, la alegría que puede despertar la música no se condice con lo que atraviesan hace años más de 2500 vecines que viven en este punto de la Ciudad, ubicado en el extremo de la Costanera Sur sobre uno de los suelos porteños más codiciados por su cercanía al exclusivo y vacío Puerto Madero.

Este barrio, que se fue formando después del fallido proyecto de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en tierras ganadas al río, es un claro ejemplo de los cambios de postura del Gobierno de la Ciudad en relación a las villas. De querer erradicarlo y cuestionar el fallo que ordenaba la solución habitacional, la gestión PRO pasó a elegir la “urbanización”. Ambas políticas están marcadas por un factor común: la falta de consenso con quienes viven allí desde hace décadas. En paralelo, a fines de 2021 la Legislatura aprobó “Costa Urbana”, un proyecto del grupo inmobiliario IRSA de Eduardo Elsztain, que planea la construcción de 45 torres de 125 metros de altura en tierras linderas al barrio. Desde entonces, les vecines de Rodrigo Bueno denuncian que se aceleraron los desalojos de familias asentadas sobre el borde costero.

Lo cierto es que hoy el barrio se divide en dos claros sectores. El primero, lindero a la Reserva Ecológica, donde se sitúan los edificios construidos a partir de la Ley 27.453 de “integración socio urbana de los barrios populares”. Los departamentos están ya ocupados en su mayoría, y las calles circundantes recibieron la nomenclatura oficial. La Ciudad también instaló allí un “patio gastronómico” muy marketinero –lo mismo hizo en la villa 31- y una sala de atención médica. A unos metros de distancia, emergen las precarias viviendas del que llaman “barrio histórico”, cuyos habitantes se mezclan entre la frustración por no recibir el llamado para mudarse, la desconfianza hacia el proceso de urbanización y la resistencia al modo en que la Ciudad quiere avanzar con el proceso sin contemplar sus demandas.

La diferencia es tal que las imponentes máquinas que van rellenando uno de los sectores situados a la vera del canal, donde ya fueron demolidas la mayoría de las casas, provoca vibraciones y agrieta las paredes de las viviendas donde todavía residen les vecines que esperan, en un lugar donde el suelo es inestable producto del agua. Por eso, a mediados de enero, se juntaron para frenar las obras y reclamar una solución habitacional urgente.

En ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta fue escrachado cuando a finales de enero se acercó al barrio. El enojo con el jefe de gobierno surge de la falta de respuesta oficial al planteo vecinal: “Nos dijo que nos iba a recibir el lunes, pero no nos aclaró de qué año”, ironiza con fastidio Alejandra, que vive en la manzana 4. Similar sensación guarda con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore. “No dan soluciones, te juntás, te hacen promesas y no cumplen ni una”, agrega la entrevistada. Después del escrache, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, denunció una serie de irregularidades en el proceso de urbanización del barrio: Relocalizaciones forzadas sin soluciones habitacionales definitivas inmediatas, escrituras con cláusulas extremadamente abusivas, incumplimiento de actas de relocalizaciones ya realizadas, e inicio de desalojos para presionar a las familias no respetando la Ley 27.453.

Las que esperan

Thania no fue relevada en el censo de 2016 que se usó de base para la asignación de nuevas viviendas, por lo que permanecerá en la parte vieja. En tanto, la casa en la que vive Alejandra está indicada con afección de “esponjamiento”, el último de los criterios de adjudicación para mudar a les vecines fijados en la Mesa de Gestión formada por la ley.

Por eso, por ahora ambas ven muy de afuera el proceso de mudanza, del cual son críticas. Aseguran que el “80% de los que habitan las nuevas torres no son vecinos del barrio”, sino gente traída de otros lugares, un dato que desmienten desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad. También denuncian que cuando años atrás se realizó el censo, no se calculó que las familias crecerían y tendrían hijes (un problema que se repite en otros procesos que incluyen censos-relocalizaciones). Cuestionan, además, la calidad de los edificios: desde picaportes que se salen, luces que no funcionan y paredes con problemas en el revestimiento, hasta pozos ciegos que desbordan en los pisos inferiores.

Las imponentes máquinas que rellenan la vera del canal, donde ya fueron demolidas la mayoría de las casas, provoca vibraciones y agrieta las paredes de las viviendas donde aún hay familias.

A eso se suma que la falta de certezas y de un criterio que permita anticipar cuándo les llegará el turno, provoca que muchas familias, con el rumor de que sería inminente su mudanza, ponen a la venta algunas pertenencias como la heladera o las camas y luego quedan sin nada, ni novedades de mudarse, sumándole drama a la angustia.

El censo de 2016 indicó que en el barrio de cuatro manzanas vivían 2665 personas de 996 familias y en 563 viviendas. El 93% de las familias no contaba con acceso a la red pública de gas, ninguna de ellas tenía agua potable del circuito formal, el 38% desagotaba las cloacas en el río y la conexión a la electricidad era absolutamente informal.

“Un desalojo silencioso”

En el conjunto de historias particulares que tiene un barrio, en el Rodrigo Bueno también están les vecines que, a la inversa, no quieren mudarse a pesar de la oferta para ello. Leo tiene un puesto de comidas sobre avenida España, a pocos metros del canal de agua que marca el final del barrio, el próximo camino que se busca demoler en el proceso de urbanización. Allí vivieron sus hijos y de ese negocio vive desde que llegó al Rodrigo Bueno. Ese lazo sentimental, pero también referencias que le dieron abogados de organizaciones, a las que cita, lo convierten en un firme opositor a la mudanza al barrio nuevo. Y su postura incomoda, revela, a los funcionarios del IVC que se acercan a persuadirlo, con “métodos de apriete”.

De acuerdo a su relato, su resistencia irrita a los funcionarios, ante lo cual comenzaron un proceso de hostigamiento directo e indirecto. “Me cortan la luz, rompen los tubos del pozo ciego. Me dicen que como soy extranjero, van a deportarme. Me han dicho que yo me voy a tener que ir sí o sí. A los que no son extranjeros, les han amenazado con enviarles asistentes sociales que les quitarían a los hijos. Yo resisto porque salí afuera y me asesoré con organizaciones y sé de qué se trata, pero esto te come la cabeza y con la situación económica, muchos terminan cediendo y firmando”, indica.

Para los comerciantes como Leo, el tamaño de los locales que ofrecen en los edificios nuevos es un gran problema. “Son de 20 metros cuadrados, ¿Qué podés hacer ahí?”, se pregunta, y se diferencia del puesto que tiene en la parte histórica, donde coloca mesas adentro cuando llega el invierno, acopia mercadería y hasta duerme.

Leo también advierte: “Acá están haciendo un desalojo silencioso, y apoyado en el desconocimiento de muchos vecinos de los contratos y las cláusulas. Ellos quieren arreglar rápido para hacer las torres que valdrán fortuna en la Costanera Sur. Por eso crearon los edificios sabiendo que en 30 años vuelan, y con lo que firmaste van a acercarse y decirte usted firmó esto. No vamos a poder hacer nada, nunca vamos a ser dueños de esto ni aunque pase el tiempo y paguemos lo que dicen. Y hasta pueden llegar a querer cobrarte ellos a vos, diciendo que hiciste daños en la propiedad”.

En la misma línea, hace casi 6 años, luego de la aprobación de la ley que ordenó la urbanización del barrio, Jonatan Baldiviezo del Observatorio por el Derecho a la Ciudad decía: “El mercado piensa a largo plazo, y el PRO piensa a largo plazo, porque su clase viene de la clase inmobiliaria. El proyecto es incorporar las tierras de las villas al mercado inmobiliario para que el mercado se encargue de ellas de acá a 20, 25 años”. Por entonces, el proyecto IRSA aún no había sido aprobado.

De acuerdo a lo que fija la ley 27.453, el barrio cuenta con delegades de manzana, que forman su Junta Orgánica. Elles deberían terciar ante el Instituto de Vivienda en favor de los reclamos vecinales. Pero les entrevistades, unánimemente y por separado, coinciden en las críticas: “Ellos mismos empezaron haciendo todo esto por atrás, ya estaban haciendo los planos y no habían dicho nada. Negocian con el Gobierno de la Ciudad para meter uno u otro vecino”, dice Leo. “Están desde 2012 y tienen el mandato vencido. Hace años pedimos que se vuelva a votar, pero no nos dan bola”, lamenta Alejandra.

El IVC

Sur Capitalino consultó al IVC su postura sobre los reclamos vecinales. Desde el organismo, que encabeza Christian Werle, destacaron que no hay medidas tomadas en forma arbitraria, y que el proceso pasó por la Mesa de Gestión participativa y la Legislatura porteña.

“El proceso de integración contempla la construcción de 611 viviendas, la dotación de infraestructura y servicios básicos, el mejoramiento de viviendas que quedan en el barrio histórico y la apertura de calles y pasillos. Cuando una familia se muda a su nueva casa, mediante un crédito con el Estado, la vieja se demuele para abrir calles y pulmones de manzana”, argumentaron.

Por otro lado, precisaron que “las aperturas de las calles son consensuadas y definidas en la Mesa de Gestión, donde trabajan representantes barriales” y se tomaron en cuenta parámetros como peligro de derrumbe, familias con personas con discapacidad o adultos mayores y víctimas de violencia de género, así como estructurales o de esponjamiento.

Sobre la urbanización, reiteraron el argumento de que las obras “permiten una mejor conectividad y accesibilidad dentro del barrio, la ventilación e iluminación de las viviendas existentes y la mejora del espacio a través de bocas de tormenta, alumbrado público, arbolado, rampas y señalética”.