Un pequeño gran paso

Por orden judicial, resultado de la lucha vecinal, el Gobierno porteño conformó la Unidad Ejecutora de la ley 2240, una herramienta imprescindible para comenzar a revertir la emergencia ambiental y urbanística que atraviesa al barrio de La Boca desde hace décadas. En seis meses deberá presentar un plan de acción.

Un pequeño gran paso

Más de 15 años después, la ley 2240 dio su primer pequeño gran paso. A fuerza de insistencia vecinal y de un fallo de la Justicia que le ordena su cumplimiento, el Gobierno porteño finalmente designó a les funcionaries que conformarán la Unidad Ejecutora. Ese espacio cumplirá un rol fundamental: deberá generar, en los próximos seis meses, un plan para revertir la emergencia ambiental y urbanística que el barrio de La Boca y sus habitantes atraviesan desde hace décadas en cuanto a vivienda, espacios verdes, infraestructura y servicios. Para ello, tendrá que realizar un relevamiento de situaciones de vulnerabilidad y necesidades habitacionales, así como también relevar inmuebles ociosos para su integración y puesta en valor social.

Otro punto imprescindible para que la ley se haga realidad es el presupuestario. Sin presupuesto no hay forma de que se puedan llevar a cabo las acciones y los programas que ordena la ley, sancionada en 2016 pero ninguneada por las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta que gobiernan desde entonces.

Unidad Ejecutora y presupuesto son entonces los motores que deberán encenderse para que la letra de la ley se cumpla, tal como ordenó el Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Romina Tesone, como respuesta a un amparo colectivo presentado en 2019 por distintas organizaciones, la Comuna 4 y la Defensoría Pública.

La primera reunión de la Unidad Ejecutora fue el 30 de marzo pasado en el edificio donde funcionó la fábrica Canale y que el oficialismo rebautizó como Palacio Lezama. No faltó nadie. Estaban los representantes designados por el Gobierno de la Ciudad (de los Ministerios de Hacienda y Espacio Público, del IVC y de Jefatura de Gabinete) con sus equipos técnicos, como así también les representantes por la Comuna 4 y por el Consejo Consultivo Comunal (ver recuadro). 

Entre quienes asistieron a la reunión también se encontraba el personal encargado de cuestiones de presupuesto. El objetivo a corto a plazo es lograr la reasignación de partidas para este año ya que la Unidad Ejecutora aún no estaba en marcha cuando se votó en la Legislatura el presupuesto para 2022. En el presupuesto del año próximo sí ya deberá estar incluido el monto necesario para el cumplimiento de los programas y acciones de la ley 2240.

Pero no sólo se avanzará en la Ley de Emergencia. El amparo también planteó el incumplimiento, por parte del Gobierno porteño, del artículo 29 de la ley 4353 que creó el Distrito de las Artes. Ese artículo es el único de toda la norma que está destinado a paliar las consecuencias del crecimiento de los negocios inmobiliarios en el barrio. Obviamente, nunca se cumplió.

Por eso, la jueza hizo lugar a ese planteo y como consecuencia, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a llevar adelante el relevamiento de vulnerabilidad social en el marco de la Unidad Ejecutora pero en una reunión que trate exclusivamente este tema.

“Consideramos fundamental que se avance con el cumplimiento de la ley, ya que apunta a establecer programas y proyectos concretos para resolver la situación de emergencia, atendiendo sobre todo a los graves problemas de acceso a la vivienda digna que se presentan actualmente, donde muchas familias viven con riesgo de perder su techo, o sufren situaciones de hacinamiento”, consideró el defensor oficial Ramiro Dos Santos, quien patrocina a les vecines en la acción de amparo colectivo.

Un tercer punto al que se comprometieron los funcionarios de Jefatura de Gabinete en la audiencia judicial fue a designar, de forma urgente, personas responsables para el cumplimiento de protocolos de incendios, desalojos y de intervención de guardia de auxilio en viviendas que pongan a familias en riesgo.

Falta mucho, pero tras 15 años de sistemático incumplimiento de la ley, no hay dudas de que estas noticias son positivas. Las y los vecinos de La Boca son blanco de un proceso que los expulsa día a día. En el barrio, como dice en su slogan la gestión de Larreta, la transformación no para. Pero los cambios van en contra de la población que históricamente lo habita. La incidencia del mercado inmobiliario y su especulación no hace más que subir los precios de la tierra y de los alquileres en la zona. Sus nuevos edificios vip se construyen sobre la base de desalojos y demolición. Y allí, entre piletas y aménitis vivirán otros y otras.

Quedará en manos de la justicia controlar que la Ciudad avance en el cumplimiento de la ley. El 4 de mayo es la próxima audiencia. Pero la organización vecinal también deberá tener un papel protagonista, tanto adentro de la Unidad Ejecutora como en las calles si fuera necesario. Así fue hasta ahora y por eso se llegó hasta aquí. En ese sentido, el Consejo Consultivo de la Comuna convocará a quienes quieran sumarse a una Comisión Especial que haga un seguimiento del trabajo de la Unidad. Quince años después, esto recién empieza. 

 

Los nombres

  • La Unidad Ejecutora de la Ley 2240 quedó integrada de la siguiente manera:
  • Por la Jefatura de Gabinete de Ministros, Luis Cabillón, designado como coordinador de la UE.
  • Por el IVC, Pablo Lacentra.
  • Por el Ministerio de Espacio Público, Mariano Larisgoitia.
  • Por el Ministerio de Hacienda, Gustavo Alegre.
  • Por la Junta Comunal 4, su presidente Ignacio Álvarez.
  • Por el Consejo Consultivo de la Comuna 4, Natalia Quinto.