La humedad entra por los techos y las paredes. Casi sin ventilación, después se escurre por los pulmones y provoca enfermedades respiratorias, en especial a los más chicos. Entre las chapas y las maderas, se enredan cables de electricidad que, cada tanto, se vuelven fuego y desastre. Muchas familias comparten baños y varios de sus integrantes, una habitación. Conviven a diario con plagas de cucarachas y con el miedo a ser desalojados. Así es la vida de quienes habitan los 400 conventillos que se construyeron hace 100 años en La Boca. Como pocas veces en la historia, el Estado nacional decidió relevar la situación habitacional del barrio y los números dieron cuenta de la crítica realidad: el 86% de las viviendas están expuestas a más de uno de los problemas edilicios que enumeramos al inicio de esta nota. Más de la mitad de las familias están hacinadas en espacios por los que pagan un alquiler, aunque pocas veces reciban a cambio un contrato formal. Un tercio está atravesando o atravesó alguna situación de desalojo.

Las cifras se desprenden del relevamiento que realizó, entre junio y noviembre de 2022, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La SISU, como la conocen todes, es el organismo encargado de llevar adelante una política pública de mediano y largo plazo que dé respuesta al déficit habitacional y las condiciones precarias en las que viven más de un millón de familias de barrios populares de todo país.

En el trabajo de encuestar manzana por manzana de La Boca participaron vecinas y vecinos que integran el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En grupos y durante varios meses relevaron e hicieron entrevistas a quienes habitan lo que la Secretaría llama “viviendas colectivas populares” (VCP), es decir edificaciones subdivididas informalmente donde viven en forma permanente tres o más grupos familiares, que presentan algún grado de inseguridad en la tenencia, condiciones de precariedad habitacional, déficit en el acceso a los servicios básicos y algún grado de hacinamiento. Lo que conocemos como conventillos, inquilinatos y edificios ocupados/tomados, hoteles pensión u hoteles familiares.

El diagnóstico

El relevamiento logró identificar 389 viviendas colectivas populares en el barrio, en cada una de las cuales viven en promedio 9 hogares. Es decir, unas 3500 familias que habitan en condiciones, como mínimo, precarias. Sobre este total de viviendas, se obtuvo información precisa y detallada de 270. Si tenemos en cuenta que en el barrio de La Boca vivían 45 mil personas en 2010 y que la población, en la Ciudad, no varió demasiado, podemos calcular que aproximadamente una de cada cuatro personas del barrio vive en este tipo de viviendas colectivas.

Más de la mitad de las familias están hacinadas en espacios por los que pagan un alquiler, aunque pocas veces reciban a cambio un contrato formal.

Aunque el 63% de esas familias alquila, solo un tercio (33,3%) tiene algún tipo de contrato. Otro tercio (29,2%) paga, pero en base a un “acuerdo” de palabra. La informalidad y la consecuente inestabilidad de las familias inquilinas que viven en conventillos es altísima. Porque aún cuando firman algún contrato, desconocen si la otra parte es realmente el titular del inmueble. Concretamente, hay casos en que no lo son. En los acuerdos de palabra, la precariedad es aún mayor, lo que expone a las y los inquilinos a amenazas constantes de desalojos, aumentos desmedidos de precio o cambios arbitrarios en las condiciones que se acordaron: el 29% de las viviendas relevadas enfrentan o enfrentaron alguna situación de intento o amenaza de desalojo.  

De humedad, plagas y garrafas

Como decíamos más arriba, en todos los casos relevados se sufre al menos una problemática edilicia. Incluso, en un 7% la situación es grave ya que concentran 7 u 8 de estos problemas en simultáneo, es decir que el nivel de precariedad habitacional es altísimo.

Entre las problemáticas más frecuentes en conventillos e inquilinatos se destacan la humedad en techos y paredes y/o goteras, presente en cerca del 73%. Lo siguen la presencia de plagas (cucarachas y/o ratas) en más del 72% y la necesidad de mantenimiento en espacios comunes, en el 71%. En la mitad de las viviendas predominan materiales como madera o chapa que, si no se combinan con otros materiales, no suelen ser muy resistentes ni aislantes al frío o calor.

En cuanto al acceso a los servicios elementales, el relevamiento identificó que en el 28% de las viviendas no tienen red eléctrica con medidor individual mientras que la mitad cuenta con instalaciones eléctricas caseras, deficientes y, obviamente, inseguras. Este tipo de cableado puede generar cortocircuitos que, muchas veces, son la chispa que enciende el fuego de los históricos incendios.

El mantenimiento de conexiones internas de agua y saneamiento sólo llega a poco más de la mitad de las viviendas. Y el 5% ni siquiera tiene acceso a la red de agua, en la Ciudad más rica del país. El acceso a la red de gas con medidor es bajísimo. Casi 7 de cada 10 viviendas no cuentan con ese servicio básico y deben usar garrafas o conectarse a dispositivos eléctricos para cocinar, bañarse con agua caliente o calefaccionarse. Dispositivos conectados a esas instalaciones precarias de las que hablamos en el párrafo anterior.

En los 3500 hogares que habitan dentro de las viviendas colectivas el hacinamiento también es moneda corriente. En la mitad, se comparte el baño y en el 20%, la cocina. El dormitorio de cada hogar también es compartido entre tres o más personas en un 57% de las viviendas.

Lo que sucede en los conventillos de La Boca queda invisibilizado cuando se analizan los números generales que promedian la situación de todas las comunas porteñas. Según el censo 2022, en la Ciudad hay 3.092.942 de personas que viven en 1.638.764 de viviendas individuales, a razón de 1,89 personas por vivienda. Es decir, un promedio de ocupación bajo. En la Comuna 4 los números son bien distintos: sus viviendas individuales son habitadas por 2,25 personas en promedio. Y aquí, otra vez, las realidades de cada barrio que conforma la comuna son diferentes. Y las viviendas colectivas, con un hacinamiento de tres o más personas por dormitorio como se desprende del relevamiento de la SISU, no están siquiera analizadas.

Más datos, más respuestas

Una de las principales limitaciones que condicionan la elaboración y ejecución de políticas públicas específicas reside en la ausencia de datos precisos. Muchas veces, quienes reúnen información a pulmón son las propias organizaciones territoriales que conviven con las problemáticas a diario. En ese contexto, este relevamiento realizado por el Estado nacional adquiere una gran importancia y es una herramienta que ahora debe ser usada para dar soluciones concretas a los problemas reales que tienen quienes viven en La Boca.