En La Boca los desalojos se multiplican. Casi a diario, familias quedan en la calle con poca o ninguna asistencia del Estado. Además, quienes habitan en los conventillos del barrio viven en constante riesgo de que una escalera o un techo se derrumbe, o de que el fuego los deje sin nada en minutos. Para evitar que estas situaciones continúen sucediendo o, al menos, brindar una respuesta rápida y concreta a la emergencia debe haber un Estado presente. ¿Pero cómo se pueden implementar políticas públicas efectivas cuando ni siquiera se cuenta con datos reales sobre la magnitud del problema? Ante esta ausencia, el Juzgado Contencioso N° 1 de la Ciudad acaba de ordenarle al Gobierno porteño que, en el plazo de 10 días, establezca una línea de comunicación directa (telefónica y digital) para que la población pueda denunciar la existencia de desalojos inmediatos y programados en La Boca. Además, la jueza Romina Tesone estableció llevar a cabo un registro de los desalojos que se denuncien y de su derivación y atención posterior. Concretamente, en el caso de los desalojos en los que se conoce la fecha, el Gobierno deberá realizar los relevamientos, informes, asistencia y demás acciones establecidas en el Mecanismo de Comunicación para la Asistencia ante la Emergencia y Desalojo.

Las decisiones de la jueza se enmarcan en la causa en la que un grupo de vecines, apoyados por la Junta Comunal, el CELS, ACIJ y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron que desde su aprobación en 2006 el Gobierno de la Ciudad nunca cumplió con la ley 2240 que estableció la Emergencia Urbanística y Ambiental en el barrio. La acción de amparo de fondo señaló la necesidad de establecer medidas para revertir esa situación, en particular para prevenir los desalojos sistemáticos, relacionados con procesos de especulación inmobiliaria y gentrificación que expulsan a los habitantes del barrio.

También, refiere a la urgencia de que el Estado cumpla sus obligaciones establecidas en la Constitución y se establezcan medidas para paliar los efectos de incendios o derrumbes derivados de la situación de emergencia habitacional, y que generan que familias queden en situación de calle.

La Unidad ejecutora que se conformó para que, finalmente, se empiece a implementar la la ley 2240 ya elaboró propuestas específicas para revertir la situación de emergencia y las presentó a fin del año pasado. Sin embargo, aún resta que el Poder Ejecutivo avance en su cumplimiento.

Mientras tanto, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tendrá que cumplir con la orden de la jueza e implementar el registro de desalojos y la creación de una línea de comunicación directa para estos casos. Sin cifras oficiales ni datos reales es imposible poner en marcha políticas que apunten a garantizar el derecho básico a la vivienda.

Según información del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, en la justicia civil actualmente hay alrededor de 200 procesos de desalojo en curso en La Boca. En cada proceso pueden ser varias las familias que queden en la calle. La crisis de vivienda atraviesa a toda la Ciudad de Buenos Aires, pero en nuestro barrio el desalojo es un mecanismo que se volvió sistemático por el avance del mercado y un Estado que lo deja avanzar.