El 14 de diciembre, en la Plazoleta de los Bomberos frente a Caminito, hubo una enorme torta, se cantó el feliz cumpleaños, se soplaron las velitas y hasta una quinceañera bailó el vals con su papá. Sin embargo, lejos estuvo de ser una celebración tradicional ya que no hay nada para festejar: organizaciones y vecinos/as se congregaron para recordar, con un encuentro de “in-cumple-años”, que ya pasaron 15 años sin que el Gobierno de la Ciudad aplique la ley que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca.

La ley 2240, como se la conoce en el barrio, se aprobó en la Legislatura porteña a fines de 2006, tras una fuerte lucha vecinal. La norma creó una unidad ejecutora y otorgó un presupuesto para diseñar un plan que permita, paulatinamente, revertir la dramática situación habitacional y de infraestructura en la que vivían, y aún viven, miles de boquenses. La emergencia no sólo involucraba a las viviendas, sino también a los servicios, el equipamiento, los espacios verdes y las actividades productivas del barrio de La Boca entero.

Pero a los pocos meses de su promulgación, Mauricio Macri fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad. Desde entonces, su partido –con sus diferentes nombres y caras- gestiona el territorio porteño y también desde entonces, actúa como si la ley 2240 no existiera. La Unidad Ejecutora, con representantes de los ministerios de Obras Públicas, Espacio Público y Hacienda, del Instituto de la Vivienda y de la Junta y el Consejo Comunal, jamás se creó. Por ende, el Poder Ejecutivo tampoco cumplió con los objetivos de renovación urbana y mejoramiento ambiental que establecía la ley. Tampoco, claro, intervino sobre los inmuebles ociosos privados (es decir vacíos y en desuso) para integrarlos, ponerlos en valor social y destinarlos a las familias que viven en conventillos o inquilinatos en pésimas condiciones, hacinadas y en constante riesgo de incendio. Mucho menos resguardó los grandes terrenos para espacios públicos, y por el contrario los privatizó.

Cansadas del ninguneo oficial, en 2019 algunas organizaciones decidieron llevar su reclamo a la Justicia y presentaron un amparo colectivo que, básicamente, le pide al Ejecutivo porteño que cumpla con la ley. Luego de varias dilaciones, pandemia de por medio, una luz se abrió de cara al 2022. El Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Romina Tesone, llamó a una audiencia para el próximo 24 de febrero. Será la primera vez en la que oficialmente el Gobierno porteño deba responder por sus demoras en la aplicación.

“Hace más de una década que se está dando esta batalla. Esperamos que este sea el último año sin Ley de Emergencia, que es lo que corresponde. Nos queda ajustarnos a los tiempos de la Justicia y a las armas que tenemos, y nos sentaremos con la otra parte, aun sabiendo que no tienen mucho para decir”, dice Natalia Quinto, miembro de La Boca Resiste y Propone, una de las organizaciones que sostienen el reclamo junto con el CELS, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la ACIJ, la Comuna 4 y la firma de cientos de vecinos y vecinas.

Una de las batallas que tuvieron que dar en el plano judicial fue el insólito planteo tanto del Gobierno –para ganar (más) tiempo- como de la fiscala, de que no se trataba de una causa colectiva. Es decir, plantearon que el amparo que pide por el cumplimiento de una ley que afecta a un barrio entero debía ser rechazado. La jueza descartó el intento y llamó a la audiencia.

El objeto del amparo, que fue iniciado con el patrocinio de Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo N° 5 de la Ciudad, no sólo es exigir la ejecución de la ley 2240 y la implementación de proyectos y programas específicos en los aspectos declarados de emergencia, sino que también denuncia el incumplimiento del artículo 29 de la ley 4353 del Distrito de Las Artes (de 2012) que ordena atender las situaciones de vulnerabilidad social en la zona. Ese punto es el único que busca paliar las consecuencias de una norma que beneficia los negociados inmobiliarios en el barrio. El artículo establece que el Gobierno debe relevar la necesidad de soluciones habitacionales y disponer acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes. Al igual que la 2240, este artículo es papel pintado para la administración PRO.

“No hay ni un solo funcionario del Ejecutivo, del Instituto de la Vivienda, o el propio jefe de Gobierno, que desconozcan la situación. Siempre nos hemos encargado de que tuvieran hasta el último detalle, lo que faltó fue una decisión política. Por eso esperamos que la Justicia falle y acelere esto. Ya no está la excusa de la pandemia para demorarse”, plantea Quinto.

La situación en La Boca es urgente desde hace, como mínimo, 15 años pero se recrudeció con el modelo a favor de los mercados que plantea la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en continuidad con la de Macri. “El desarrollo de la zona sur impulsado por el Gobierno del Pro constituye, para las familias que viven en La Boca, la expulsión de sus hogares, ya sea por los desalojos o por el aumento del costo de vida. El impulso al mercado inmobiliario no sólo ha sido a través de la creación del Distrito de las Artes, sino también a través de la venta de tierras públicas como las de Casa Amarilla. Toda una maquinaria institucional y jurídica para destruir el barrio de La Boca y transformarlo en una extensión de Puerto Madero hacia el Riachuelo”, opina Jonatan Baldiviezo, del Observatorio.

Agustín Territoriale, abogado e integrante del Ministerio Público de la Defensa, coincide con el diagnóstico: “Es importante entender que los desalojos que se dan en La Boca no son hechos aislados, sino que obedecen a un modelo de desarrollo urbano que tiene el barrio que combina acciones de mercado, gentrificación (cambios de uso por la creación del Distrito de las Artes, por caso) o locaciones turísticas. Entonces eso reduce el parque habitacional del barrio. Las obras de puesta en valor hacen subir el valor de las viviendas, y en consecuencia de todas estas acciones se agrava la situación habitacional”.

Entonces, el barrio de La Boca sufre un déficit habitacional histórico y estructural sobre el que se monta esa expectativa de “valorización” que el Gobierno del PRO alienta hacia los mercados lo que genera consecuencias como el desplazamiento de vecines del barrio mediante desalojos o las viviendas vacías a la espera especulativa de esa reconversión.

Para el CELS, otra de las organizaciones que se sumaron al amparo, la situación de La Boca “condensa las tensiones existentes entre la ciudad como un lugar donde vivir y la renta inmobiliaria y la especulación sobre los usos del suelo, es decir, la ciudad como un objeto de negocio”. En ese sentido, plantean que, al contrario de sus políticas actuales, el Estado “debe cumplir un rol central en esa tensión ya que debe garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat y otros derechos fundamentales de les vecines sobre los intereses económicos que pueda haber en la zona. Sin embargo, si bien la ley N° 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental del barrio es un avance en ese sentido, la norma se incumple sistemáticamente desde su sanción en el año 2006. De modo que en los hechos el propio Estado termina acompañando esas expectativas a la espera de que la zona se reconvierta y revalorice”.

En cuanto a las consecuencias concretas, la integrante de La Boca Resiste y Propone, pone un ejemplo concreto: “La última semana del año hubo un incendio en la calle California 889. La medida cautelar prevé un programa de prevención de incendios y un protocolo de atención, que conforma un plan de contingencia mientras se tratan las inequidades de fondo”, introduce. “Es algo muy distinto al protocolo actual en el que, por ejemplo, dejan un escrito que dice que un arquitecto matriculado debe realizar los puntales y hacer refacción de la escalera. Estamos hablando de una casa donde sabés que la propia situación del incendio comienza ante una situación de riesgo eléctrico porque la vivienda obviamente está en emergencia urbanística. Todas estas cosas, con una ley que tiene presupuesto propio para revertirla, se pueden corregir. Podés hacer revisión preventiva, cambiar los tapones por térmica y disyuntores, reemplazar el cableado que representa un riesgo, o ver cómo son los circuitos de salida, por poner algunos ejemplos”, detalla.

El 14 de diciembre pasado la Justicia, ciega, fue una de las protagonistas del in-cumple-años. La experiencia de otras causas por derechos vulnerados en el barrio no hace más que colocarla en ese merecido y paupérrimo lugar. Esta vez, les vecines esperan que la respuesta judicial rompa con su costumbre y abandone la ceguera que siempre beneficia a los mismos.