Comprar conventillos con familias viviendo en su interior ya se volvió un clásico en el barrio de La Boca. Desde hace años, el mercado inmobiliario y algunas personas ligadas al sector encontraron esa forma tan poco “agradable” de hacer negocios en este rincón del sur porteño: adquieren propiedades habitadas, muy por debajo del valor de mercado, inician juicio de desalojo por falta de pago y, luego de varios años de proceso judicial, tienen el lugar vacío para demoler, construir y/o vender a un precio muy superior. Especulación. Así ocurre en la mayoría de los casos –cientos- que se multiplican en el barrio cada año y que, por goteo, van expulsando a sus habitantes y convirtiendo a La Boca en una zona para otres.

Pero todo siempre puede ser peor. Con la complicidad de ciertos fiscales y jueces del Poder Judicial de la Ciudad, algunes “inversores” están eligiendo un camino aún más rápido y descarnado. En lugar de hacer la denuncia en el fuero civil, que es lo que corresponde, recurren al fuero penal y denuncian usurpación. Aunque no haya ocurrido tal delito. Es el caso de Norberto Godoy, un militante PRO que tiene el comedor “Un lugar azul y oro” en la esquina de Olavarría y Hernandarias.

Resulta que hace menos de un año este hombre decidió comprar el piso de arriba del edificio donde funciona el comedor. Resulta, también, que allí, en la vivienda que se entra por Olavarría 1107, vivían cinco familias desde hace más de 15 años, algunas 20. Eso, claro, Godoy lo sabía. También sabía que, por ese mismo motivo, el inmueble estaba a la venta a un precio inferior. Dicen que 70 mil dólares. Sin embargo, presentó una denuncia contra las familias argumentando que de un día para el otro habían entrado y usurpado el inmueble deshabitado. A ellas nadie las escuchó.

La denuncia quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, quien tiene un historial larguísimo de causas en contra de cualquier cosa que huela a popular: trabajadores sindicalizades, vendedores ambulantes, migrantes, militantes de la economía popular (ver recuadro pág. 3). Es muy probable que Godoy supiera en qué momento presentar la denuncia para que recayera en Ramírez, un reaseguro para que el negocio saliera redondo.   

El inmueble que Godoy compró y logró desalojar en apenas unos meses es una de las casonas antiguas típicas del sur porteño. Primer piso por escalera, hall vidriado, pasillo con galería que da a las habitaciones que se hilvanan una tras otra. Las condiciones en las que se encuentra no son buenas, pero su valor radica en otra cosa: su ubicación. Está a una cuadra de la renovada avenida Patricios y justo enfrente del Molina Ciudad, una manzana de viviendas y oficinas con piletas –una al aire libre y otra cubierta-, spa, sauna y gimnasio, resultado de la reconversión de la ex fábrica textil Alpargatas, construida casi cien años atrás. Tras la quiebra de Alpargatas, el fideicomiso Caminito compró el edificio y lo transformó en el fastuoso Molina. Según consta en su declaración jurada de bienes, Mauricio Macri es uno de los socios de este fideicomiso. Por esas épocas era también jefe de Gobierno. En Molina Ciudad vive, entre otros personajes públicos, el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Macri es dueño de 28 lofts. Sí, 28.

Justito en frente está la vivienda que compró y desalojó Godoy, militante macrista de esos que siempre busca acomodarse en la política (por derecha) para sacar algún beneficio. Llegó a ella en tiempos de la UCD de la mano de la ex funcionaria menemista Adelina Dalesio De Viola y, en los años siguientes, buscó quedarse con el PJ de La Boca. Su disputa principal en esa interna era con Rodolfo “El Cordobés” Corzo. Nunca la ganó.

El valor del inmueble desalojado radica en su ubicación: está en frente del fastuoso Molina Ciudad, construido por un fideicomiso del que Macri es socio y donde el ex presidente es dueño de 28 lofts.

Especialista en artes marciales, Godoy se acercó al partido de Macri (Compromiso por el Cambio) en 2003, luego de que Aníbal Ibarra le ganara al empresario en el ballotage. En las paredes de su comedor “Un lugar azul y oro” la imagen de Evita se multiplica en fotos y un mural que da la bienvenida. Durante la fría mañana del 19 de mayo pasado, las y los militantes de La Boca que se acercaron a resistir el desalojo repetían enojados “Evita no desaloja”. Los carteles escritos a mano gritan “Basta de dejar familias en las calles”, mientras por las escaleras de mármol de Olavarría 1107 suben y bajan hombres y mujeres que cargan unos pocos muebles, bolsas con ropa, un inodoro, ollas, algunos colchones y una vieja cocina.

Desalojo forzoso anticipado

Comete usurpación quien “por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble”, dice el Código Penal.

Francisca Villorda nació en Paraguay hace 51 años y vive hace más de tres décadas en Argentina. Es mamá soltera de dos adolescentes y vive de limpiar casas y cuidar a niñes y personas mayores. El 19 de mayo fue una de las familias desalojadas de Olavarría 1107. “Siempre trabajé y luché para sacar adelante a mis hijos. Mis hijos son buenos, educados, estudian. Entonces que esta gente me trate de delincuente, eso me duele, porque no somos esa gente”, le dice entre lágrimas a Anccom mientras junta fuerzas para enfrentar el desalojo. Cuenta que llegó a alquilar esa vivienda porque los dueños eran amigos de otra de las familias que vivían allí que, a su vez, son familiares de ella. “Al principio no nos cobraba alquiler porque cuidábamos el lugar, y después empezamos a pagar un poco de alquiler, no mucho porque hacíamos arreglos, posteriormente pagamos por banco porque ellos se fueron a vivir al sur. Un día desaparecieron y vendieron la propiedad. Dijeron que de acá se iba a hacer cargo una inmobiliaria, pero nunca sucedió, por lo tanto, no pudimos pagar más”, se lamenta.

Quien compró la propiedad, como contamos más arriba, fue Norberto Godoy, quien sabía que allí vivía Francisca, sus hijos y las otras familias. Luego de la compra, en caso de no querer alquilarles la vivienda y de que sus habitantes no quisieran abandonarla, Godoy podría haber iniciado un juicio civil. Pero eligió denunciarlos como si fueran delincuentes.

El delito de usurpación se encuentra bajo jurisdicción de la justicia penal porteña desde mediados del 2008, cuando el poder judicial de la nación comenzó a transferirle a la Ciudad algunas de sus competencias. Por eso, se rige por el Código Procesal Penal que establece (art. 335) que fiscales o jueces pueden decidir la inmediata restitución de espacios usurpados en cualquier momento del proceso si lo pide el o la damnificada y si esa solicitud es “verosímil”. Eso es lo que ocurrió en el caso de Godoy: pidió el desalojo y, aún sin establecer si esas familias son culpables del delito de usurpación, la fiscal Ramírez le restituyó el inmueble. Antes, desconoció las 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor, Daniel Dumano: certificados de estudios primarios y secundarios de las niñas y niños que habitaban el lugar, boletas de pagos de servicios, certificados de nacimiento, historias clínicas de atención en el Cesac 9 y muchos otros papeles en los que se puede comprobar que estas familias viven en esa dirección desde hace años. Incluso, se presentaron testigos que la fiscal nunca llamó a declarar.

El desalojo forzoso anticipado convierte a las personas en objetos, estigmatizadas por un poder judicial que los criminaliza por intentar ejercer su derecho a una vivienda. Son vistos como “ocupantes ilegales”, “usurpadores”, “delincuentes” que lo único que buscan es perjudicar al propietario. Estas familias son cosificadas a tal punto que ni siquiera son oídas.

El abogado apeló la decisión de la fiscal y ahora será la Cámara quien determine si existió o no usurpación. De todas maneras, aunque defina que son inocentes, las familias ya no podrán volver a vivir en el edificio de Olavarría 1107, cuyo valor ahora aumentará sensiblemente en comparación al precio en que lo compró Godoy.   

 

La fiscal anti popular

La fiscal que ordenó el desalojo en Olavarría 1107 es Celsa Victoria Ramírez. A cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35 de la Ciudad, Ramírez tiene varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura porteño. La última fue en diciembre de 2021 y la presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La acusaron de “ordenar tareas de inteligencia ilegal contra sus integrantes, en el marco de la persecución y criminalización sistemática contra trabajadores de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses”

Según la denuncia el procedimiento encabezado por Ramírez “va de la mano con el accionar sistemático del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, junto con las fuerzas de seguridad de la Ciudad, que usan la Ley de Marcas y los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones para perseguir y encarcelar a trabajadores que se ganan la vida en la calle”.

En 2017, la fiscal había sido indagada por “abuso de autoridad” cuando en lugar de investigar las contravenciones de una peña en el predio del ex Padelai, en San Telmo, realizó otras acciones fuera de su competencia: “Ramírez habría actuado sin orden del juez competente y obligado a personal policial a realizar cacheos y requisas de mujeres y niños, a la vez que compelió a los moradores del lugar a hacer abandono de su lugar de residencia, manifestando la funcionaria que si no se retiraban serían sometidos a desalojos violentos”.

Un año después, las y los trabajadores del Subte nucleados en la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) pidieron la recusación de la fiscal Ramírez después de que cambiara la carátula en una causa que tenía imputado a siete trabajadores detenidos durante una represión ocurrida el 22 de mayo de 2018. La fiscal los acusó de ser parte de una “asociación ilícita” y definió a la organización sindical como “una agrupación cuyo rol fundamental es la comisión de delitos”. “Todo el armado del esquema judicial de la Ciudad se llevó adelante por Daniel Angelici y por Martín Ocampo con la designación de fiscales, jueces y procuradores. Todas las causas que necesitan tener un trámite exprés caen en la fiscalía de Celsa Ramírez”, alertaron.