Otro desalojo en La Boca

Más de 20 efectivos de la Policía de la Ciudad fueron parte de un nuevo operativo de desalojo en el barrio, esta vez, en los inmuebles de Avenida Patricios 56 y 58 donde vivían una pareja de jubilados y dos personas con discapacidad. Desde el gobierno alegan peligro de derrumbe, pero no ofrecen ninguna solución habitacional para los vecinos.  

Otro desalojo en La Boca

El procedimiento generó el rechazo de organizaciones sociales y vecinales, que cuestionaron el accionar de las autoridades porteñas y reclamaron una solución para las personas afectadas.

En diálogo con Radio Gráfica, Natalia Quinto, integrante de La Boca Resiste y Propone, contó que el desalojo fue por peligro de derrumbe. “Hace algunos días le habían hecho una observación a las familias que vivían en la casa, les dieron 90 días para realizar los arreglos a una familia de una jubilada de la mínima a la que le es imposible realizar los arreglos en ese plazo”.  

El operativo comenzó a las cinco de la mañana del lunes y, pasado el mediodía, las familias no sabían si iban a ser relocalizadas.

¿Cuánto sale este operativo de represión? fue uno de las preguntas que se repetían entre los vecinos presentes en referencia al desmedido despliegue de la policía. Los manifestantes cuestionaron que se destinen recursos a este tipo de procedimientos mientras, aseguran, no existen respuestas suficientes para asistir a las personas afectadas.

Referentes barriales iniciaron gestiones para que la pareja de jubilados y las dos personas con discapacidad puedan acceder, al menos de manera provisoria, a una plaza en alguno de los hoteles que dispone el Gobierno de la Ciudad para atender situaciones de emergencia habitacional.

Quinto también hizo referencia a la medida cautelar vigente: “Es una pena que habiendo un amparo abierto que ya les observó que no se puede usar la Ley de Procedimientos Administrativos para hacer un desalojo ellos lo siguen haciendo y lo peor es que la Justicia se los deje pasar”.

El fallo dictado por el Juez Andrés Gallardo le ordena al Gobierno porteño abstenerse de avanzar con evacuaciones, clausuras, tapiados, restricciones de acceso o desocupaciones cuando no existan garantías mínimas de debido proceso y control judicial. También dispone que, ante riesgos reales que requieran intervención urgente, deberá dar inmediata comunicación a la Justicia y garantizar una respuesta habitacional efectiva para las familias afectadas.