El lunes 13 de julio, cuando aún no había amanecido, más de veinte policías se instalaron en la vereda de la avenida Patricios 56/58. El operativo era parte de un desalojo -disfrazado de evacuación- del Gobierno de la Ciudad a una pareja de jubilados por un supuesto peligro de derrumbe de su vivienda. Efectivos con cascos y escudos, como parte del show habitual que estableció Jorge Macri desde que asumió como jefe porteño, para dejar en la calle con lo puesto a los dueños del lugar. Una señora y un señor, jubilados de la mínima. Propietarios que seguramente terminarán siendo parte de un spot televisivo o de redes sociales, en los que se los nombrará como delincuentes. Frente a una guardia de auxilio que, como venimos contando en Sur Capitalino, es el brazo ejecutor de una política de Estado cruel, injusta, que avasalla los derechos más básicos. 

El desalojo y rápido tapiado de las puertas y ventanas de la vivienda, ubicada justo en frente de oficinas del gobierno porteño, ocurrió mientras está vigente una medida cautelar que prohíbe al Ejecutivo a realizar desalojos, clausuras, tapiados o restricciones de acceso por supuesto “peligro de derrumbe” en viviendas habitadas por personas sin que haya autorización judicial. El fallo, que ahora debe ser resuelto por la Cámara ya que el gobierno apeló, exige intervención judicial previa y obliga a garantizar una solución habitacional transitoria para las familias afectadas. ¿Y quién controla que esto se haya cumplido? 

En el caso de La Boca (en emergencia urbanística), además, rige un protocolo para casos de desalojos, incendios o evacuaciones por peligro de derrumbe que establece que las familias deben ser asistidas, si es posible, incluso con antelación a que queden en la calle. Pero, como queda claro, la decisión de Macri es otra: usar el presupuesto para reprimir y no para resolver la situación de un barrio en emergencia. 

En paralelo, otro fallo, esta vez de la jueza Elena Liberatori, declaró nulo un violento operativo montado en un edificio de San Telmo (Carlos Calvo al 500). Con la excusa de un "derrumbe inminente", la Ciudad desalojó a las familias dejándolas sin techo. Seis meses después, los mismos funcionarios entraron al lugar sin ningún tipo de protección para "limpiar". La mentira cayó sola: si había peligro real, ¿por qué expusieron así a sus propios trabajadores? En ese expediente, el gobierno terminó confesando que no sabían de quién era el inmueble, que entraron por la fuerza sin orden judicial, y que tiraron a la basura electrodomésticos, muebles y computadoras de los vecinos sin realizar un solo inventario. Como el daño es irreversible, la jueza ordenó una reparación económica para todos los afectados.

Como señalamos la edición pasada de Sur Capitalino, los desalojos administrativos crecieron exponencialmente durante los últimos meses: según un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y la Defensoría del Pueblo en 2024 este tipo de desalojos representaban un 2% frente a un 98% con origen judicial; en los primeros meses de 2026 alcanzaron el 58%. Un mecanismo administrativo creado para situaciones excepcionales y de riesgo inminente, que este gobierno porteño convirtió en herramienta para su fin político de expulsar de la Ciudad al sector más vulnerado.  

Contraste

El mismo día del desalojo en la avenida Patricios, algunos medios publicaron la noticia sobre los avances en la construcción de Ramblas del Plata, un mega desarrollo inmobiliario millonario a pocas cuadras de allí, en terrenos de la ex Ciudad deportiva de Boca Juniors. El proyecto del Grupo IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, planea construir 10 edificios con 10 mil viviendas, de 145 metros de alto, un colegio, una rambla comercial para más de 200 locales y un parque público de 32 hectáreas. Para esto, en esta etapa invertirá 40 millones de dólares en el tendido de redes de agua, gas, electricidad y apertura de calles.    

“El objetivo es recuperar un sector históricamente degradado de la ribera porteña y generar una nueva centralidad urbana con acceso público al río”, señalan desde la empresa que ya recaudó cerca de 90 millones de dólares con la venta de los lotes que componen sólo la primera etapa del nuevo barrio de lujo frente al humedal de la Reserva Ecológica.

El proyecto que ahora lleva el nombre de Ramblas del Plata, pero supo ser Santa María del Plata, Solares de Santa María y Costa Urbana, son casi 71 hectáreas –como medio barrio de San Telmo- que la empresa de Elsztain compró en 1997 al Club Atlético Boca Juniors en 61 millones de dólares, con una mirada de negocio a largo plazo (el año que viene se cumplirán 30 años) en la parcela privada más grande de toda la Ciudad. Durante todo este tiempo, su urbanización fue objeto de debates políticos, ambientales y urbanísticos.

Entre los principales cuestionamientos aparece la altura de las torres proyectadas, además de la modificación del paisaje costero y la construcción de canales internos de agua. Advierten que estas intervenciones podrían alterar el ecosistema ribereño y afectar el funcionamiento ambiental de la Reserva Ecológica. 

También existe preocupación por el impacto que el mega proyecto podría tener sobre barrios cercanos como La Boca y Rodrigo Bueno, encareciendo el valor del suelo y aumentando aún más las desigualdades. Mientras tanto, en La Boca, vecinos y organizaciones denuncian que Administración de Puertos autorizó la colocación de un paseo comercial en la rivera del barrio, que de concretarse impediría disfrutar del río y su paisaje.