La organización popular de la 21.24 operó como un freno a un tipo de política pública que no escuchaba lo que el territorio cuestionaba. Obligó a un reseteo del Estado porteño y a la forma en que se intentó aplicar la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en 2008, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esa decisión judicial, que incluía convertir los 35 metros del borde ribereño en un área parquizada donde se habían asentado familias y construido barrios, comenzó a aplicarse bajo la lógica de notificar a las familias con 72 horas de preaviso para desalojarlas y abrir paso a las topadoras. Pero la reacción de las y los vecinos y sus organizaciones barriales obligó al Estado a repensar su rol y su modo de actuación.

El Poder Judicial había definido abordar la situación con frases bien claras: "tomar posesión del lugar" y consideraba a las familias que vivían allí como "obstrucciones que invaden la zona de protección ambiental especial". Esa fue la mirada con la que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) inició los primeros desplazamientos. Pero esa lógica política no pudo avanzar porque las familias afectadas bloquearon el acceso al barrio, eligieron su Cuerpo de Delegados y construyeron un entramado de relaciones que incluyó a la Defensoría Porteña, a la Asesoría Tutelar y otras organizaciones locales.

Esa fricción que se produjo en el barrio, que frenó el avance del cumplimiento de la orden judicial, forzó a los funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo a tener que entender el territorio y a sus habitantes. Y, en ese escenario, las integrantes del equipo territorial desempeñaron un rol fundamental como “traductoras” y pudieron co-crear con el barrio alternativas frente a las encerronas. Las propias trabajadoras llamaban a eso ‘hacer trampa’, pero yo lo llamo una forma de gestión en y desde los márgenes. Y en ese proceso se evidenció lo que puede hacer el Estado cuando trabaja desde el barro, con conocimiento del territorio y con voluntad de escuchar.

Porque cuando el Estado gestiona desde y en el territorio, con apertura y escucha, es más inteligente y potente, se humaniza. Eso le permite entender que para las familias de ese barrio a relocalizar, la idea de la relocalización no significa necesariamente una respuesta a sus problemas, ni una mejora en la calidad de vida. ¿Por qué? porque esa relocalización puede contener todo lo que implica el desarraigo: ese territorio era su lugar de vida, era su barrio, era el lugar donde habían construido sus lazos sociales, donde desarrollaban su vida cotidiana. 

Todo ese proceso incluyó confrontación, debate y negociación. El cambio que produjo quedó reflejado en el lenguaje: los documentos judiciales pasaron de hablar de "obstáculos que invaden la zona de protección ambiental" a utilizar palabras como "afectados", “abordaje y tiempos sociales” "proceso participativo", "acuerdo". Ese movimiento de una posición donde el Estado, cuya cara visible son sus equipos territoriales, llegaba a imponer una línea de actuación hacia una posición de escucha, análisis y síntesis es lo que abre la posibilidad de que el Estado pueda transformar la realidad en lugar de ser un perpetuador de desigualdades.

 

(*) Julieta Sragowicz es politóloga y magíster en estudios urbanos, autora del libro “Correr los márgenes. Acción pública en los bordes del Riachuelo”, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).