“Pasamos de vivir en la clandestinidad de la villa a vivir en la clandestinidad absoluta, pero con vivienda nueva”. Elisa le pone palabras a lo que sufren más de 500 familias desde que el Estado las relocalizó en barrios que no figuran en el mapa, en viviendas que se levantan en calles sin nombre. La dirección que consta en sus documentos no existe ya que sus casas al borde de la villa 21-24 fueron demolidas. Pero no pueden hacer cambio de domicilio porque no tienen dónde fijarlos. Esta vulneración arrastra a otras tan básicas como el acceso a la educación y a la salud. “Yo trabajo en blanco, llamé a la ambulancia nueve veces, pero nunca vino porque este barrio no existe en el GPS”, ejemplifica Elisa. Victoriana cuenta que tuvo muchas complicaciones para inscribir a su hija en el jardín: “Le dan prioridad de vacantes a quienes viven en el barrio y mi DNI dice una dirección que ya no existe”.

Ambas viven en el complejo Ribera Iguazú (en el límite de Barracas y Pompeya) y junto con otres vecines, en su mayoría mujeres, empujaron un proyecto de ley para que las calles de su barrio tengan algo tan simple como un nombre. Algo que, al momento de construirlo, en 2012, al Instituto de la Vivienda porteño (IVC) no se le ocurrió. En plena pandemia, la experiencia democrática contó con una enorme participación y se replicó en el barrio Alvarado (en Barracas), otro complejo donde hace poco más de un año fueron relocalizadas familias que vivían en el camino de sirga del Riachuelo.        

El proyecto fue votado en la Legislatura el 17 de junio pasado y el 7 de julio se publicó en el Boletín Oficial. Los artículos de la ley 6428 enumeran los nombres de 6 calles para Ribera Iguazú y 3 para Alvarado, pero no reflejan el valor concreto y simbólico que tiene para las 550 familias que viven allí. Tampoco se escucha en sus párrafos la necesidad y la participación que parieron la ley.  

“Los nombres dan identidad y el barrio necesita tener una identidad para salir a flote”, resume Elisa Alegre, una de las consejeras del complejo Ribera que organizó el proceso eleccionario. Primero difundieron la propuesta y comunicaron los requisitos que fija la ley sobre nomenclatura urbana. Después, relevaron las ideas de cada torre y chequearon su viabilidad. A esos nombres se sumaron los que llevaron los miembros de cuerpo de delegades del camino de sirga y de la Iglesia Caacupé. Las propuestas se llevaron a votación de todas las familias y las más votadas formaron parte del proyecto que luego presentaron en la Legislatura.

“A pesar del contexto de restricciones y distanciamiento, trabajamos muchísimo para que el proceso de elección sea participativo y democrático, siempre con nuestra convicción de que el camino es a través de la organización y la participación”, dice Paz Ochoteco, quien desde la Fundación Temas acompañó a les vecines en el proceso. También destacó la importancia histórica que implicó la posibilidad de reivindicar las raíces identitarias y el origen migratorio de las familias que componen los complejos. Vicky coincide: “El proceso fue muy emotivo porque la mayoría de los vecinos quiso darle un homenaje al pueblo paraguayo. Sentimos mucho orgullo de que las calles se llamen así”.

En el complejo Ribera Iguazú el nombre más votado fue Acosta Ñu. Así se llamó la batalla que ocurrió el 16 de agosto de 1869 durante la guerra de la Triple Frontera. En el Paraguay, cada 16 de agosto se celebra el Día del Niño, en memoria de los niños que perdieron sus vidas en esta batalla. En segundo lugar, quedó “8 de julio de 2008”, día en que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “Mendoza” en el que ordenó al Estado a dar respuesta a la más grave situación socio ambiental de Argentina que afecta de manera directa a más de dos millones de personas en torno a la cuenca Matanza Riachuelo. El tercer nombre más elegido fue otra fecha: 23 de agosto de 1997. Ese día, llegó hasta la Villa 21-24 la réplica de la imagen de la Virgen de los Milagros de Caacupé. Había sido llevada hasta ahí por decisión del Padre Pepe en una caravana de vecinos y vecinas, que acompañó el entonces cardenal Jorge Bergoglio (hoy Papa Francisco). Fue un hecho religioso que marcó la vida del barrio.

Los otros dos nombres que bautizarán las calles del complejo también tienen su origen en Paraguay. Son el primer santo de ese país, San Roque González de Santa Cruz, y Tajy, nombre del lapacho en guaraní que además significa “fuerte, resistente”. 

En el barrio Alvarado, los elegidos fueron dos fechas: el día en el que se recuperó la democracia argentina luego de la última dictadura cívico militar, 10 de diciembre de 1983, y el día de la bandera, 20 de junio, en conmemoración de la muerte de su creador, Manuel Belgrano. El tercer nombre es Australia, en continuidad con la calle existente. 

“Con el Jesús en la boca”

Eva Alarcón es vecina y consejera de la torre 15. Fue parte de la última relocalización y una de las que sumó su voz a la audiencia pública virtual que se realizó antes de la votación en la Legislatura. Allí recordó que en la 21-24 y en Zavaleta “aún no tenemos ningún tipo de urbanización, tenemos pasillos inundados” y destacó la necesidad “urgente que las calles de nuestros barrios populares tengan nombre e identidad porque nos atraviesa en la vida. Y la vida de los pobres merece ser escuchada”.

No tener una dirección donde fijar domicilio atraviesa la vida. No es un eufemismo. “Tengo una hermana con discapacidad total y una mamá con diabetes que no ve a más de dos metros y me ha tocado tener que ir a las 4 de la mañana, con el Jesús en la boca, a buscar la ambulancia a Santo Domingo e Iguazú. Porque, además, no tenemos alumbrado público, algo básico, y nos roban. El 90 por ciento somos chicas las que salimos a las 6 de la mañana a trabajar. Pero llamás al 911 y tenés que ir a buscar a la patrulla a otro lado porque no tenemos una dirección para decirles”, relata Elisa ante las y los diputados de la Ciudad a quienes les pidió “que pongan más empatía hacia los vecinos y más voluntad política para acelerar a este proceso”. 

Acceso a la salud, a la seguridad, a la educación y la lista de complicaciones continúa. Hubo casos de familias que dejaron de cobrar la Ciudadanía porteña en medio de la pandemia y sin trabajo, o que debieron endeudarse para pagar facturas de luz o gas acumuladas, porque no las reciben y no tienen una ubicación para hacer el reclamo. Las notificaciones, las ambulancias, los paquetes, los patrulleros, las vacantes escolares, los trámites de Anses. No llega nada.

Dar cuenta de estas necesidades, visibilizarlas y buscar cambiarlas fue un proceso exclusivamente de las y los vecinos. El Estado porteño, que fue quien llevó a las familias a sufrir esta situación, no hizo nada para evitarlo ni para repararlo. La ley está promulgada. Es urgente que Ribera Iguazú y Alvarado sean parte de la trama de la Ciudad, que sus calles tengan nombre y aparezcan en los mapas, que sus habitantes vean garantizado este derecho tan básico, como el resto de quienes pueblan tierra porteña. “Esto tiene que ver con la integración urbana, con la identidad de nuestro barrio y con la dignidad de nuestros vecinos”, subrayó el padre Toto en la audiencia y advirtió “es nublado el panorama sobre cómo siguen las relocalizaciones, hay más de 500 familias que tienen casi la seguridad de que de acá a varios años no tendrán su lugar. El Gobierno de la Ciudad debe hacerse cargo de lo que falta”.