La causa por el saneamiento del Lago Soldati tiene más de diez años, pero la situación empeoró con la seguidilla de tormentas a mediados de mayo que desbordaron el lago e inundaron el barrio con el agua sucia.  En este contexto, el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD, volvió a pedir el "dictado urgente" de una medida cautelar.

La respuesta llegó ahora por parte de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado N°4 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. La magistrada indicó que, pese a constatar que el GCBA está haciendo algunas obras en el marco de la Dirección General del Sistema Pluvial, dichas mejoras "no han podido evitar los desbordes del lago registrados en el mes de mayo, con el riesgo sanitario que ello implica, toda vez que se trata de agua contaminada". Además, consideró que las inundaciones "dan cuenta de que existen altísimas probabilidades de que el derecho a gozar de un ambiente sano, de un hábitat adecuado y a la salud se encuentren severamente afectados".

La Jueza ordenó al GCBA cuatro medidas concretas con respecto al saneamiento y a la situación de la red cloacal del barrio, que aún no fue puesta en servicio por AySA. En primer lugar, insta al Gobierno a realizar la limpieza del lugar para "remover residuos flotantes y toda clase de materiales que afecten la calidad del agua y la salubridad del entorno". La resolución apunta al mantenimiento con el retiro periódico de residuos y materiales contaminantes.

En un segundo punto, ordena adoptar medidas complementarias a la limpieza para "evitar que la población del barrio entre en contacto con el agua contaminada y su entorno inmediato", siguiendo lo indicado por el dictamen de la asesoría tutelar que intervino la causa y que recomendó, entre otros puntos, "cercar el lago para evitar su acceso y que se arrojen objetos, poner cartelería de la peligrosidad a la salud que implica bañarse en el Lago, tomar agua del mismo y/o arrojar basura, brindando capacitaciones a los vecinos/as". En ese dictamen la asesoría subraya su "máxima preocupación" por el estado del lago y señala que en él "se observan animales muertos", aunque la principal fuente contaminante son los desechos cloacales. 

Desde el MPD explican en este punto que la conexión de la red general de AySA con la red interna del barrio realizada por el GCBA nunca se puso en servicio, por lo que "los residuos cloacales no tienen un punto de vuelco" y terminan en el lago.  Esos trabajos se enmarcaban en la megaobra del Sistema Riachuelo que el Gobierno nacional dijo haber finalizado el mes pasado, luego de casi un año de paralización de los trabajos.

Sin jurisdicción para ordenar medidas a nivel nacional, la jueza porteña sí instó al GCBA a que arbitre con la empresa estatal "las medidas conducentes a fin de obtener la recepción de la nueva red cloacal" y "presentar un cronograma acerca de su efectiva puesta en funcionamiento", informando los avances en el expediente.

En el cuarto y último punto, Liberatori ordenó al Gobierno porteño implementar e informar acciones "a fin de dar respuesta a eventos climáticos fortuitos a efectos de evitar futuros desbordes del lago", como los que ocurrieron en mayo. También deberá asegurar una vía de comunicación directa y efectiva para que las personas que habitan en el barrio puedan realizar reclamos y reportes ante eventos de este tipo. 

La situación habitacional de Los Piletones es crítica, sus vecinos y vecinas vienen reclamando desde hace años por la urgente urbanización del barrio, pedido por el que ya presentaron diversos proyectos en la Legislatura porteña. El último fue ingresado en 2023 y nunca fue debatido. A diferencia de otros barrios populares de la Ciudad, Los Piletones no cuenta con una ley propia de urbanización, por lo que los trabajos están a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur.

Fuente: Página 12