Cuestionan el cierre del penal de Devoto

El Gobierno porteño comenzaría en septiembre el traslado de los detenidos de la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida durante la última dictadura militar, se oponen al cierre y exigen abrir el diálogo para discutir el destino de las personas privadas de su libertad y del predio.

Cuestionan el cierre del penal de Devoto

Por un acuerdo firmado entre los gobiernos nacional y porteño, este mes comenzarán con el traslado de 1500 detenidos del penal de Villa Devoto hacia Marcos Paz.  

El nuevo complejo penitenciario albergará a un total de 2200 detenidos, 1500 plazas serán asignadas a la población actual de Devoto y los 700 cupos restantes recibirán a personas alojadas en comisarías y alcaldías de la Ciudad.

Una vez desocupada la última cárcel federal ubicada dentro del territorio porteño, la normativa contempla la urbanización del predio con la inclusión de espacios verdes y un área destinada a la memoria de las víctimas de la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida allí el 14 de marzo de 1978.

Aunque en los medios de la época se conoció como “Motín de los colchones”, se trató de una masacre en la que el Servicio Penitenciario Federal torturó a 153 personas y dejó morir a 65 por el humo y el fuego que se desató dentro del penal.

En 2025, la Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del penal Juan Carlos Ruiz y ex jefe de la División Seguridad Interna Horacio Martín Galíndez por considerar que los hechos ocurridos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos.

Además, en el penal funciona, desde 1985, el Centro Universitario Devoto (CUD), dependiente de la UBA, con seis carreras universitarias que garantizan el derecho a la educación de los detenidos. Actualmente, 182 alumnos forman parte del programa y también se dictan cursos y talleres extracurriculares.

En diálogo con Tiempo Argentino, Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa por la Masacre, puntualizó: “Estamos totalmente en contra de que se efectivicen los traslados”.

En este sentido, explicó: “Nos parece que para los detenidos son muy importantes las actividades que se realizan en el CUD. Además, está el derecho que tienen las familias al mantener un contacto frecuente y cercano con sus familiares privados de libertad, como así también las organizaciones sociales de acercarse a ellos”.

Cesaroni sostuvo que, si les resulta imposible evitar que eso suceda, porque es inminente, entonces quieren que el predio completo sea preservado para la memoria de la Masacre del Pabellón Séptimo y que no sea solo un cartel o una baldosa. La abogada señaló que pretenden que se haga el mismo recorrido legal y jurídico que se hizo para llevar adelante la construcción de los espacios de memoria que funcionan en Campo de Mayo y la ex Esma.