Según las autoridades, esta medida apunta a evitar actos vandálicos, aunque la medida parece tratarse de un nuevo embate hacia las personas en situación de calle y los recuperadores urbanos, que revuelven los contenedores en busca de desechos reciclables que pueden reutilizar o revender.

"Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente", explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en sus redes sociales.

Macri recordó que el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad prevé que: "Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 81 a 1.217 unidades fijas de multa", lo que al valor actual representa montos de entre $59.260 y $890.544.

Ante las críticas en redes sociales que provocó el anuncio, el Gobierno porteño buscó diferenciar el enfoque preventivo y social de la medida, Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad porteño, indicó que quienes necesiten asistencia cuentan con una amplia oferta de programas alimentarios y de refugios, por lo que “no necesitan revolver la basura para comer”.