El esquema para designar al Defensor o la Defensora que cubrirá la vacante generada tras la renuncia de Alejandro Amor, quien encabeza la lista de candidatos a legisladores porteños por el Frente de Todos, contempla que las postulaciones deben ser promovidas por uno o más diputados para transformarse en candidaturas.

Según el cronograma, entre el 4 y el 12 de octubre se recibirán las impugnaciones u observaciones respecto de la candidata, en tanto que el 25 se hará una audiencia pública para que informe allí sobre su idoneidad para el cargo.

Por último, se llamará a una sesión especial, el 5 de noviembre, en la cual la designación deberá contar con el voto de las dos terceras partes del total de los diputados, es decir, al menos 40 de los 60 escaños.

La Junta de Ética de la Legislatura avaló la candidatura de María Rosa Muiños, la diputada porteña del Frente de Todos (FdT) para conducir la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.  La dirigente peronista y dos veces legisladora porteña (en diciembre concluye el segundo), contó con el respaldo de más de 200 organizaciones y personalidades asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y defensoras de los Derechos Humanos, entre los que se destacan la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y la Fundación Servicio Paz y Justicia, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

El otro candidato es el abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que ha estado al frente de batallas como la defensa de las costaneras norte y sur ante el avance de negociados inmobiliarios. Su postulación fue impulsada por alrededor de 200 colectivos, asambleas y organizaciones ciudadanas, pero necesita el aval de uno o más diputados.

“Queremos que la Defensoría del Pueblo cumpla su verdadero rol constitucional, que la designación del Defensor/a no surja de un acuerdo marco político ajeno a los reclamos, necesidades e iniciativas del conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. La Defensoría de la Ciudad debe ser el ámbito institucional donde se sintetice la defensa del Derecho a la Ciudad y la Democracia Urbana, y se operativice el paradigma de la Democracia Participativa y Ambiental a través de una conducción comunitaria y compartida con la red de asambleas y organizaciones porteñas”, reclaman las asambleas y organizaciones sociales, sindicales, ambientales, feministas que impulsan su postulación.