En los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires viven cerca de 235 mil personas, de las cuales el 81% es pobre y 4 de cada 10, indigente. La esperanza de vida es diez años menor a la del promedio del distrito y es notorio el déficit de acceso a servicios públicos básicos como agua potable. Sin embargo, Jorge Macri, en su disputa con los libertarios para ver quién tiene el discurso y las políticas más crueles, los eligió como el sector social a atacar con cada vez más fuerza. Así quedó demostrado el último mes, cuando se anunció una nueva eliminación de programas sociales que se añaden al brutal desfinanciamiento de los organismos y políticas encargadas de velar por sus habitantes.

El ataque es verbal y con medidas concretas. Ya el Presupuesto 2026, aprobado por la Legislatura en acuerdo con La Libertad Avanza y aliados, había dado un indicio, cuando dejó el nivel más bajo en 15 años para programas de vivienda. Y con recortes y desguaces a las áreas responsables de atender las emergencias o las respuestas paliativas.

A ello se sumó, a principios de abril, el anuncio de la “recuperación” de un predio de Nueva Pompeya (Av. La Plata 2253), que había estado ocupado, y que pertenece al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). En un discurso a lo sheriff, el Jefe de Gobierno planteó al transmitir esta noticia que “con la plata que se destinaba a regalar viviendas en las villas”, ahora se empezarán a “construir nuevas para familias de clase media y policías”. “Gente que trabaja, cumple y se esfuerza todos los días para salir adelante”, agregó, en tono segregacionista.

La disolución de Veredas Limpias impacta, en su mayoría, en mujeres jefas de hogar que percibían 112 mil pesos mensuales, casi la cuarta parte del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Tras cartón, firmó el Decreto 140/26, con el que derogó programas de asistencia social destinados a la población vulnerable, mayoritariamente, de los barrios populares. Veredas Limpias, Vivienda, Infraestructura y Empleo Local (VIEL), Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) y Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS), muchos de ellos anteriores incluso a la llegada del PRO a la Ciudad, fueron así derogados. Y se estableció una transición de un año hasta que se cree un esquema que los herede y que conlleve “instancias de formación y capacitación laboral”.

El humo de Macri

En los hechos, la cruzada de Macri contra los “planes sociales” es mucho humo. No tendrá un impacto fuerte en los barrios populares, fundamentalmente porque se trata de programas que ya venían desfinanciados por las propias gestiones del PRO. El PREASIS es un fiel ejemplo de ello. El informe “Manicomios Porteños: la transformación que no llega”, de ACIJ y el CELS (2025), mostró que en 2024, dentro del Presupuesto destinado a la salud mental, a los programas de Externación Asistida les correspondía solo el 0,005% del total, con solo 6 trabajadores a disposición. Al año siguiente, directamente el PREASIS no tuvo ninguna partida asignada. 

Los beneficiarios del programa (75 pacientes para 2024) recibían el “Subsidio de Revinculación Familiar” para lograr su reinserción sociocultural y el acceso a la educación y el trabajo. Otros, el “Subsidio de Externación y Reinserción Social”, para aquellos que no podían garantizar su independencia habitacional. Pero el monto no se actualizó nunca desde 2012: hasta el mes pasado se seguían pagando 900 pesos al mes.

Con el VIEL pasó algo similar. Creado en la entonces “Comisión Municipal de la Vivienda” por un decreto de 2001, el objetivo estaba fijado en “brindar ocupación a trabajadores desocupados en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, a través de su participación en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y social”. Luego se pasó a la órbita del IVC y funcionó de manera activa hasta 2010. En adelante, se mantuvo como una “cáscara vacía”: desapareció de los presupuestos, por lo que seguía vigente pero sin partidas destinadas. 

Limpiar la limpieza

Veredas Limpias sí es una excepción. El programa cumplía la función de limpiar y barrer en las villas y barrios populares donde las empresas concesionadas no prestan el servicio. La contratación era licitada en algunos casos y de manera directa en otros, con cooperativas que generalmente eran de los mismos barrios. Las trabajadoras, en su mayoría mujeres jefas de hogar, prestaban la labor de lunes a viernes de 8 a 12 horas, por un ingreso escalofriante: 112 mil pesos mensuales, casi la cuarta parte del Salario Mínimo Vital y Móvil.

El programa había sufrido ya un desguace en 2025, como informó Sur Capitalino, cuando se redujo la contratación de trabajadoras. Pero ahora finalmente se anunció su disolución. La consecuencia se percibe en la Villa 21-24 de Barracas, donde Veredas Limpias tiene mucha presencia.

Natalí integra “Nuevo Horizonte”, una de las cooperativas encargadas de prestar el servicio en el barrio. Y describe en primera persona la situación que atraviesan. “El convenio firmado hasta ahora perdió validez, porque salió el decreto que deroga el programa. Así que nuestros compañeros están trabajando, cumpliendo sus tareas, pero sin tener certeza de si van a cobrar o no”, cuenta. 

“Dicen que están esperando la reglamentación del nuevo programa. Pero el problema es que a la hora de sentarnos a negociar, si no vamos a los puestos, nos pueden decir que hay incumplimiento de tareas. Entonces no tenemos certezas”, agrega. Atentos a la situación social que cada vez se complejiza más, las propias trabajadoras de Veredas Limpias decidieron que al momento de negociar el nuevo convenio, se dé prioridad a aquellas mujeres que percibían el Potenciar Trabajo, que complementaba el magro ingreso del programa porteño pero que el Gobierno nacional dio de baja desde este mes.

Alejandro “Pitu” Salvatierra, legislador de Fuerza por Buenos Aires y de histórica militancia en los barrios populares de la Comuna 8, incorpora una mirada fiel a su estilo. “Es una venta de humo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad haciéndose el que tiene políticas de mano dura y el que elimina intermediarios de planes sociales. Cuando no lo está haciendo, porque aparte muchas de las cooperativas las maneja gente del PRO. Lo único que está generando es mayor cantidad de desempleados dentro de los barrios populares. Algo que no termina en un escenario bueno”, dijo a Sur Capitalino. 

Desde Villa 21-24, Otilia Ledezma, referenta del comedor comunitario “Tacitas Poderosas” en el sector San Blas, suma una mirada de la situación a 20 metros del Riachuelo. “Nosotros siempre estamos mal, pero ahora estamos peor. Este año está todo parado, estamos abandonados. Fueron sacando las cosas lentamente para que no nos diéramos cuenta, pero no somos boludos. El IVC lo cortaron todo, las obras de agua potable están paradas y convivimos 100 mil personas en 70 hectáreas, sin cloacas y con riesgo eléctrico”, dice.

El IVC: peor que nunca

Estas deficiencias estructurales, que son contadas hace años en estas páginas, tienen fallos judiciales en contra y convenios logrados por la lucha vecinal y de organizaciones en pos de garantizar derechos básicos como la provisión de agua. Pero el recorte en el IVC dispuesto para este año paralizó todo. “Si en los barrios con ley de reurbanización, como el Rodrigo Bueno, el Playón o la 31, sufren una ralentización en la construcción, peor es todavía la situación en los barrios como la 21-24 que carecen de marco normativo. Ahí se suspenden obras proyectadas y se reduce el presupuesto para reparaciones, cumpliendo solo los casos judicializados”, dice Ramiro dos Santos Freire, coordinador de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa.

“El ajuste se nota mucho, y se va a notar a largo plazo, porque es lo que pasa cuando se recorta en infraestructura. La falta de perspectivas, de construcción de nuevas viviendas, lleva la mala calidad de vida de las propias viviendas a todo el entorno”, agrega.

Paz Ochoteco, de la Fundación TEMAS, pone el foco en el recorte de Jorge Macri a la Dirección General de Gestión de Intervención Social (DGGIS), que da acceso a los servicios urbanos y su potencial mejoramiento. “¡Se está desfinanciando el organismo que da acceso al agua! Hay que comprender las consecuencias de estas decisiones, que dejan en todavía más serio riesgo la vida de las personas que viven en el barrio. Se pierde financiamiento para atender las emergencias, los derrumbes y el riesgo eléctrico”, alerta.

Y como muestra de las miradas del Gobierno de la Ciudad al respecto, Paz compara: “Se está destinando más plata a la reconstrucción del Autódromo que a todos los barrios populares”.

El recorte a la asistencia

Al abandono estructural de la gestión de Macri, se le sumó la motosierra de Milei, que después de dos años de ajuste, decidió finalizar el ex Potenciar Trabajo (Acompañamiento Social). El flaco bolsillo de las y los habitantes de la Villa 21-24 lo empezó a sentir de inmediato. “Era muy poco, pero las mujeres del espacio dependían de eso para el pasaje, para los pañales o comer al menos un kilo de carne al mes”, cuenta Otilia.

Con su inhumanidad, los gobiernos de derecha se disputan quién estigmatiza más a los pobres y quién sube más la vara de la crueldad. “Nos allanan a los comedores como si fuéramos delincuentes. Pero saben muy bien a dónde habría que allanar. Ahí nunca van”, cierra la referenta. En su espacio, continuará recibiendo a niñas, niños y familias para dar de comer, apoyo escolar, asistencia psicológica a víctimas de violencia y fútbol para alejarlos de la droga. Todas tareas que le corresponderían al Estado, que en lugar de asumirlas, usa su poder para atacarlos. 

 

No es ley ni orden, es discriminación

En un contexto de enorme deterioro económico y social, en las últimas semanas la policía de la Ciudad intensificó los operativos en el espacio público y en el transporte. También avanzaron los desalojos administrativos, una nueva modalidad exprés que, con la excusa de un supuesto peligro de derrumbe, en minutos deja en la calle a cientos de familias. 

El jefe de gobierno no cumple con las garantías que el Estado debe brindar a las personas más vulneradas. Está en campaña en busca de la reelección en 2027: además de dar las órdenes, Jorge Macri difunde las imágenes por redes sociales bajo la narrativa de “ley y orden”, un eslogan muy parecido al del gobierno nacional.   

Los operativos se concentran en algunos barrios de la Ciudad. Y apunta a un sector de la población: vendedores ambulantes, personas en situación de calle, jóvenes que vienen desde el conurbano a trabajar. En La Boca, hace unos días, dos personas -vecinos, padre e hijo- terminaron detenidas por casi 24 horas por intentar vender sus productos cerca de Caminito.  

Estos operativos son parte del menú de intervenciones que despliega la Policía porteña para realizar su política de “limpieza social”. En la Ciudad, el Código Contravencional establece expresamente que la venta ambulante de subsistencia no representa una contravención, es por eso que usan figuras más graves que se encuentran en el código penal. Resistencia a la autoridad y desobediencia, delitos de una tipificación vaga y arbitraria manejada a discreción por la policía.

“El Gobierno de la Ciudad responde con el sistema penal a problemas sociales como la precariedad e informalidad de las condiciones de trabajo y la falta de vivienda. Eso que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad llama Ley y Orden es discriminación”, analiza el CELS. La organización de derechos humanos también alerta que los operativos en colectivos y subtes son ilegales. “La ley del Sistema de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires establece en el artículo 91 que para privar de la libertad a una persona tiene que haber motivos. Esto quiere decir que la policía tiene que tener indicios que hagan presumir que una persona pudiera relacionarse con un delito o una contravención o que esa detención se realice para evitar un peligro. La policía no puede detener a personas por su apariencia, eso es racismo”.