El 8 de julio, en una mesa convocada por el gobierno de Jorge Macri, se anunció que los Grupos Comunitarios deberían presentar listados mensuales de quienes asisten a comedores y merenderos. El cambio desató un rechazo inmediato entre las referentas barriales que señalaron no solo la inviabilidad práctica de ese “reempadronamiento”, sino también el carácter invasivo de pedir datos tan personales a familias que acuden en busca de un plato de comida. “No está mal tener un mapeo -advirtió Cecilia Pérsico, del comedor Copitos en La Boca-, lo grave es que lo hicieron sin consenso, cuando ni siquiera registran si tenemos insumos o si, por ejemplo, se nos llueve el espacio”. Para las cocineras, el reempadronamiento funciona como síntoma de una política desconectada de la realidad: se exige burocracia en territorios donde la realidad va mucho más allá de una planilla de Excel.

Por un lado, el Gobierno de la Ciudad solicitó a las cocineras comunitarias una presentación mensual de listas de las personas que concurren a comedores y merenderos. Cecilia nos explicó que “hasta la fecha los Grupos Comunitarios entregaban las listas actualizadas cada seis meses”. El anuncio inicial fue del director de Políticas Alimentarias, Facundo Ramírez. Se le planteó lo engorroso, lo irreal que se volvía eso sumado a las ya cargadas tareas de los espacios. “Es muy invasivo decirle a quienes hacen la fila que si quieren seguir recibiendo comida vayan a tal punto a hacer un reempadronamiento por una ración”. 

“Es muy invasivo decirle a quienes hacen la fila que, si quieren seguir recibiendo comida, vayan a tal punto a hacer un reempadronamiento por una ración”.

De hecho, varios comedores de la Villa 15 y la Villa 31 intentaron cumplir con la exigencia del Gobierno, mientras otros recibieron visitas que duraron semanas enteras por parte de inspectores del Gobierno. En el comedor que sostiene Nely Vargas, “Evita”, en Zavaleta, fueron todos los días durante un mes. “En mi caso fue muy difícil, pero yo no tenía nada que esconder”, resaltó. Con sus compañeras se encargan de cocinar entre 800 y 1000 raciones por día, ya sean almuerzos o meriendas. 

"De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde”, estuvieron revisando todo. La medida incluía verificar persona por persona, pedir listados y supervisar la dinámica del comedor. La experiencia la dejó agotada: “Me cansaron un poco, sí. En una ocasión, justo en medio del operativo, se me rompió la freidora. Y me señalaron que no podía entregar crudos, lo cual yo sé. '¿Quieren que haga de las milanesas un guiso?', les pregunté enojada porque era lo que había en el día. Lo resolví fritando todo en sartenes", resaltó. 

Pese al desgaste, Nely constató que en las mesas de diálogo están intentando encontrarle una vuelta al pedido de reempadronamiento cada lunes. Pero si hay un desajuste entre lo que exige el Estado y los recursos reales que muchas cocinas tienen en las villas: "Se quema una heladera, se rompe la freidora, el uso de dos garrafas de 45 kilos al mes, los elementos de limpieza. Todo eso lo vamos resolviendo y no alcanza, solo exigen y exigen. Yo ni siquiera tengo posibilidad de tomarme vacaciones o tener obra social", dijo, y cerró: "Esta bien que vengan ellos a pisar el barro, que vean como también resolvemos todos los días".

Más fiscalización, menos reconocimiento

“Cuando comenzó todo, lo que muchas pensamos directamente es que primero reempadronamiento para luego reducir raciones y finalmente cerrar comedores. Esto tiene una coherencia con las medidas que tomó y sigue tomando el Gobierno a nivel nacional”, agregó Cecilia. Copitos tiene 35 años de trabajo comunitario en La Boca. Actualmente concurren 450 personas, de más de 130 familias, a buscar un plato de comida. Mientras ella lidiaba con este tema del Gobierno, en su barrio se incendió un conventillo y tuvieron que sumarse a otras organizaciones para contener a las 12 familias que se quedaron sin techo, como también a las familias de las dos personas que murieron en el incendio.

Los gestos del Gobierno de la Ciudad vienen siendo extraños en términos de gestión. Muchos espacios alimentarios que eran anexos de comedores oficiales, es decir no estaban bajo ningún programa porteño, fueron dados de baja sin explicaciones. El reconocimiento a las cocineras comunitarias como trabajadoras, con derechos, es aún una deuda. Y este año, después de mucho tiempo de hacerlo, no entregaron juguetes en el Día de la Niñez a ningún comedor. La fila se engrosa, nunca deja de llegar gente nueva. Cecilia aclaró que tener un mapeo de la situación de los comedores y merenderos no está mal: “Son las formas, el no haberlo consensuado en una mesa. Es lo que hacíamos incluso con los menús. Ellos de la nada se mandaron por su cuenta. No vienen mapeando nuestra situación estructural, si tenemos los insumos, si se nos llueve el espacio. Es como si mandaran al hospital a la gente y el hospital no tuviese remedios para curar”.

Entre julio y septiembre, las cocineras fueron a Jefatura de Gobierno, el Ministerio Público de Defensa, la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura y otros lugares para ser oídas. “Así fue como nos recibió Gabriel Mraida -ministro de Desarrollo Humano y Hábitat- hace tres lunes. Le explicamos cómo era llevar adelante la propuesta en los territorios. La gente nos preguntó: ‘¿Para qué quieren saber si tengo o no casa, o heladera, si tengo baño, si mi piso es de tierra… me lo van a solucionar?’. Por ahora el arreglo hablado que acordamos es añadir unas columnas más por si tienen discapacidad estas personas, enfermedades crónicas, si la persona está en calle o hacinamiento… siempre y cuando la persona quiera responder”.

Una de las banderas de lucha, la que están empezando a pensar las compañeras tiene que ver con que la Ley de Grupos Comunitarios (Ley 2956) es vieja, de 2008. Cecilia remarcó que están pensando en presentar algo más actualizado que incluya las necesidades reales, de hoy, en los Grupos Comunitarios. 

Mientras el Estado multiplica los requisitos burocráticos y ensaya su fiscalización, las cocineras comunitarias sostienen a diario comedores haciendo malabares. Todavía reclaman ser reconocidas como trabajadoras y que las políticas se piensen desde el territorio, con ellas, no desde un escritorio. Lo que está en juego no es una planilla, sino la posibilidad de que miles de familias accedan, cada día, al único plato de comida que tienen garantizado.