El pliego, debatido en audiencias públicas el 5 y 8 de octubre, divide la recolección de residuos y de reciclables en dos contratos por zona y solo reserva a los recuperadores la recolección puerta a puerta, mientras que los Centros Verdes, la clasificación y la venta del material quedarían bajo responsabilidad de las empresas adjudicatarias, que podrían comercializarlo sin un precio mínimo establecido.

El artículo 160 del Pliego de Especificaciones Técnicas establece que la operación de esos centros comprende la recepción, selección, clasificación, acondicionamiento, acopio, despacho y comercialización de los residuos secos.

Carlos Albarracín, coordinador del predio de Barracas de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, alertó por la continuidad laboral de 6.000 trabajadores que hoy participan de todas las etapas del reciclado.

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en tanto, advierten que el nuevo sistema podría reducir las zonas de trabajo y no garantizar la continuidad de los 7.000 trabajadores del sector. Los referentes del sector subrayan que el modelo actual es integral: los camiones de las cooperativas retiran el material, lo pesan de manera individual, lo clasifican y lo venden, y que ninguna parte puede funcionar de forma aislada.

Desde la Cooperativa El Álamo y diversas organizaciones del sector advierten que la propuesta oficial busca reemplazar un esquema consolidado de inclusión social por una lógica de negocios favorable a las grandes empresas privadas, y señalan que dos décadas de logros en materia de reciclado social no pueden ser descartadas por un pliego administrativo.

Las organizaciones también advierten que se encuentra en juego el sistema público que incorporó a millones de vecinos al hábito de separar residuos en sus hogares, y agregan que el modelo privado cobra por tonelada enterrada, lo que desincentiva el reciclaje real.

Las cooperativas presentaron oficialmente sus observaciones ante el Gobierno porteño, dejando constancia de que no implican consentimiento al procedimiento ni a ninguna de las cláusulas del anteproyecto, y que se formulan sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder; además, señalaron que el texto oficial viola leyes ambientales vigentes y representa un retroceso sustancial en la inclusión social de los cartoneros.