Un informe elaborado por Latam Pulse Argentina, AtlasIntel y Bloomberg, señala que el 83% de los argentinos que se endeudó lo hizo para comprar alimentos. La iniciativa busca ofrecer una salida concreta al sobreendeudamiento mediante préstamos personales libres de impuestos, cuyo único fin sea saldar compromisos previos por consumos con tarjetas de crédito, préstamos bancarios y billeteras virtuales.

Los mismos tendrán una Tasa Nominal Anual que deberá ser equivalente al costo de fondeo de la entidad (determinado por la misma), no pudiendo superar en ningún caso el 40%, y un plazo de hasta 36 cuotas mensuales.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar recursos del Tesoro local para subsidiar parcialmente dicha tasa, facilitando así el repago de los créditos. Para garantizar la accesibilidad, se establecerá una Ventanilla Única de atención, tanto presencial como digital, permitiendo que el trámite se realice de forma ágil a través de la web oficial, la aplicación móvil o la red de sucursales del banco.

Para asegurar la transparencia y efectividad de la medida, el Banco Ciudad no entregaría el dinero directamente a los usuarios, sino que realizaría la transferencia de los fondos hacia las entidades acreedoras tras la autorización de los beneficiarios.

El acceso a este beneficio estará segmentado para alcanzar a los sectores más vulnerables. Podrán aplicar empleados en relación de dependencia, jubilados y monotributistas hasta la categoría G, siempre que cuenten con al menos dos años de residencia en CABA y sus ingresos no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles. Un requisito fundamental es que la deuda mensual a cancelar no supere el 40% de los ingresos totales del solicitante. Quedarán excluidos quienes posean más de un inmueble, vehículos con menos de cinco años de antigüedad (salvo para fines laborales) o deudas originadas por obligaciones alimentarias, multas penales y compromisos tributarios o hipotecarios.

Finalmente, el proyecto establece un orden de prioridades en caso de que la demanda supere los recursos disponibles. En ese escenario, tendrán preferencia aquellos trabajadores o monotributistas con responsabilidades de cuidado sobre menores, adultos mayores o personas con discapacidad, así como jubilados, inquilinos y trabajadores con ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Con esta estructura, la propuesta busca brindar un alivio financiero estratégico centrado en la protección del ingreso familiar.