Datos recientes de CIAS y Fundar señalan que el 42% de los jóvenes del AMBA entre 19 y 24 años abandonó la escuela y que el 59% de quienes asisten, lo hacen con sobreedad. En ese marco, las instituciones formales muestran límites para abordar una problemática que no es nueva, pero sí cada vez más extendida. Frente a ese escenario, los bachilleratos populares llevan décadas organizándose para contener a jóvenes y acompañarlos en la finalización de sus estudios, así como también a adultos que, atravesados por contextos de precariedad, no habían podido siquiera proyectar terminar la secundaria. Sin embargo, las políticas impulsadas por el gobierno de la Ciudad ponen hoy en riesgo la continuidad de estos espacios educativos.

Una asamblea sobre la calle Lafayette al 1800, en la vereda de la Escuela N°11 República de Haití, da cuenta de esta realidad. Allí funciona el Bachillerato Popular 2 de Diciembre hace 18 años. Y, como expresan sus propios integrantes, el Ministerio de Educación -en diferentes gestiones del PRO y Cambiemos- siempre intentó poner obstáculos para que existieran. Esta vez, la cartera manejada por la ministra Mercedes Miguel les acercó un “Convenio de Colaboración”. Pero no de una manera consensuada, charlada, sino como imposición de la nueva modalidad que asfixia aún más a estos espacios.

“La principal forma de asfixia es presupuestaria: el Estado no quiere hacerse cargo de la infraestructura, los servicios ni los materiales. Y en 2027 hay que ver si la escuela sigue o no”.

Este "convenio" desconoce las responsabilidades que el Estado había asumido. Plantea una retirada total del Gobierno de la Ciudad en el pago de servicios como gas, limpieza, luz y agua. Deja al azar que, ante cualquier conflicto legal dentro de las instituciones donde funcionan los bachilleratos, se hagan cargo sus integrantes y no el Estado y emite, entre otras cosas, que es un contrato de funcionamiento hasta 2027 sin garantías de que realmente se pueda renovar después. En criollo, una bomba de humo y se van. Los bachis están en peligro, otra vez.

 “El formato que propone el Gobierno de la Ciudad alcanza a todos los bachilleratos (que operan bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental -UGEE), que son entre 20 y 30 espacios. La principal forma de asfixia es presupuestaria: el Estado no quiere hacerse cargo de la infraestructura, los servicios ni los materiales. Nos dicen que tenemos que firmar convenios donde nos hacemos cargo de todo. Es absurdo, porque funcionamos dentro de una escuela pública. El presupuesto para educación de adultos es cero y en 2027 hay que volver a firmar para ver si la escuela sigue o no”, cuenta Alfonso, docente del 2 de Diciembre. 

Y agrega algo que es el punto clave para pensar el ataque del Gobierno: “Hay un maltrato constante hacia la docencia: cada vez que el Ministerio se acerca es con amenazas, ultimátums y fechas límite. Nos dicen ‘firman o cierran’. Pero una escuela no tiene fecha de vencimiento, quienes se anotan -al menos en nuestro caso- necesitan tres años para terminar. Mientras tanto, los docentes ya sostienen todo: pintan, limpian, pagan servicios. Y aun así, la respuesta del Estado es correrse, es vergonzoso”.

En primera persona

Para comprender el impacto de esta propuesta es importante analizar a los bachilleratos populares como espacios muy diversos, con diferentes procesos históricos, territoriales y políticos. Cada bachi en CABA tiene identidad propia, amasada por sus docentes y estudiantes, en determinados barrios estratégicos -que en general es para la población más descartada por el sistema público-. Ahora bien, el desinterés del Gobierno porteño y la búsqueda constante de debilitar este formato educativo se mantiene y se profundiza cada año que pasa. 

Leila nos contó su paso por la 2 de Diciembre como espejo de lo importante que resulta construir alternativas educativas: "Salí muy formada de acá, pude ir a la facultad y hoy soy maestra de primaria. Cuando las escuelas secundarias nos expulsan, están los bachis populares para sostenernos, formarnos y empoderarnos".

Carmen, que también se egresó en el Bachi 2 de Diciembre, recordó que dejó sus estudios por miedo: "Era 1975, 76, 77 y tuve que dejar de ir por miedo. Me dediqué a mi familia. Dije que nunca más iba a estudiar". Pero en el bachillerato, al ver crecer a sus hijos, encontró una nueva oportunidad: "En pleno 2000 terminé séptimo y luego me anoté. Fue lo mejor que me pasó después de tener a mis hijos. Estoy muy orgullosa de haber formado parte de esta familia. Deseo que se resuelva esto, las nuevas generaciones deben protegerlo y cuidarlo porque este lugar es maravilloso".

Lejos de ser una discusión administrativa, lo que está en juego es el lugar que ocupa la educación de adultos en la política pública. En un contexto donde a las escuelas tradicionales les cuesta más contener las trayectorias, los bachilleratos populares no solo garantizan el derecho a terminar la secundaria: reconstruyen comunidad, sostienen vínculos y abren horizontes donde antes no los había. Su debilitamiento no es neutro, implica dejar a miles de personas sin una de las pocas herramientas reales de inclusión educativa.