Las clases abiertas frente al Palacio de Tribunales estarán dictadas por el politólogo y profesor Luis Tonelli, quien abordará “La República y sus tres poderes”, y por el abogado y profesor Cristian Cao, quien disertará sobre “Derecho Constitucional”.

La medida coincide con el inicio de otra semana de paros convocado por gremios docentes, en reclamo por la Ley de Financiamiento y por el llamado a paritarias. Desde diciembre de 2023 las universidades acumulan una caída del 37,3% de sus fondos.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2025 y defendida del veto presidencial. La norma es fundamental para garantizar el sostenimiento del sistema universitario nacional y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores y trabajadoras.

El gobierno de Milei “continúa sin cumplirla, afectando gravemente el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud”, tal como denuncian las organizaciones convocantes a las clases públicas.

Frente a este panorama, las universidades nacionales recurrieron a la vía judicial y obtuvieron pronunciamientos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795, reafirmando la plena vigencia de la norma y la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del sistema universitario.

Sin embargo, el 7 de mayo –pocos días antes de la Cuarta Marcha Federal- la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario ante una nueva solicitud del Gobierno, autorizando a que la Corte Suprema sea la que decida si mantiene o revoca la medida cautelar que favorece a las universidades nacionales y ordena adoptar medidas vinculadas con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como de las becas estudiantiles.

A partir de esa resolución, el expediente está bajo análisis del máximo tribunal del país y las universidades resolvieron presentar un pedido institucional para acelerar una definición judicial. También solicitaron que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento de la ley, reiterando que es indispensable avanzar con la aplicación plena de la norma.

Fuente: Tiempo Argentino