A través del Decreto N°256/2026, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el Poder Ejecutivo dispuso la sustitución integral del Anexo I del Decreto N° 611/86.

Si bien, anunciaron que la normativa se incorporará de manera progresiva a partir de 2027, la publicación del texto provocó un inmediato rechazo entre las organizaciones sindicales. Los gremios denuncian que la medida constituye una reforma laboral unilateral y encubierta diseñada a espaldas de las comunidades educativas, orientada a regimentar la labor en las aulas mediante un esquema punitivo de presentismo y recortes de derechos.

Desde el Gobierno sostienen que la nueva reglamentación está pensada para terminar con la alta rotación de los docentes que dificulta la consolidación de equipos dentro de las instituciones; revalorizar la formación para acceder a los cargos directivos que hasta el momento estaban mayormente determinados por la antigüedad; recuperar la importancia de la asistencia en las aulas a través de cambios en el régimen de licencias y la evaluación anual del desempeño docente.

Según el gobierno porteño, actualmente un 20% de los maestros cambia de establecimiento cada año, lo que atenta contra la continuidad pedagógica. Para frenar esta dinámica, la nueva reglamentación impone una antigüedad mínima de dos años como titular en una institución para poder solicitar un traslado (artículo 31) o permuta (artículo 30).

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida y sostuvo: “Gobernar es fijar prioridades y, sobre todo, devolverle la autoridad a los buenos maestros para que los chicos aprendan mejor. Con este cambio en la reglamentación del Estatuto se ordena el sistema, se valora el presentismo y se termina el curro de las licencias acumuladas. En nuestra gestión, el esfuerzo vale. El camino para una sociedad mejor es volver a las fuentes: el respeto, la disciplina, el orden y reconocer a los que trabajan con responsabilidad todos los días”.

Uno de los puntos más polémicos de la modificación es la del Presentismo y la Evaluación de Desempeño. Para acceder a las calificaciones anuales de «Sobresaliente» o «Muy Bueno», el personal deberá acreditar de manera obligatoria al menos un 90% de asistencia efectiva. Quien obtenga un concepto de «Deficiente» o dos «Regular» consecutivos sufrirá el cese administrativo en el cargo y quedará inhibido de los listados por un año.

Esto tiene una clara incidencia sobre las docentes que son Jefas de Hogar que, muchas veces, deben tomar licencias por razones de cuidado y no sólo verán afectado sus ingresos, sino también la posibilidad de ascenso en la carrera docente.

También se modifica las ausencias justificadas por Razones particulares, mientras actualmente se contabilizan por cargo, pasarán a computarse por persona, con un tope de seis anuales.  Los días por examen se reducen de cinco a tres días hábiles corridos.

Se reestructura el sistema de puntaje, pierden peso relativo los antecedentes de antigüedad y se otorga mayor valor al puntaje asignado a posgrados, maestrías y doctorados específicos, así como a las instancias formativas organizadas por el Ministerio de Educación.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) emitieron un pronunciamiento de rechazo absoluto ante lo que catalogaron como un atropello institucional. “Estas modificaciones afectan directamente al acceso y la carrera docente y modifica sus condiciones. Desde UTE rechazamos la resolución que excluye del debate la voz de quienes sostienen diariamente las escuelas. Ninguna reforma a espaldas de lxs trabajadorxs”, indica el documento del gremio.

 Por su parte, sectores de la docencia de base y el sindicato Ademys remarcaron que el decreto impone un «presentismo encubierto» que obligará a los maestros a concurrir a trabajar enfermos para no ver castigada su carrera o su puntaje. Alertaron además sobre el sesgo de género de la norma, recordando que la docencia es una actividad mayoritariamente feminizada donde la restricción de licencias particulares impacta de lleno en las trabajadoras que sobrellevan dobles jornadas de cuidado en sus hogares.

El arco gremial anticipó que el reinicio de las clases estará signado por un plan de lucha unificado para exigir la derogación del Decreto 256/2026 y la apertura de una mesa paritaria de discusión laboral.

 

Fuente: Mundo gremial