Con un manejo discrecional de las competencias judiciales, el Gobierno porteño vuelve a desoír a la Justicia y cercenar el derecho a huelga de los y las docentes porteños con descuentos y presiones para impedir que visibilicen su reclamo por la continuidad educativa de forma virtual para proteger la salud de docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa.

Desde mediados de abril, cuando se intensificó la segunda ola de coronavirus con un aumento exponencial de contagios y la muerte casi cotidiana de auxiliares y docentes en las escuelas porteñas, las medidas de fuerza fueron el único mecanismo de resguardo de la vida y la salud de miles de docentes.

El fallo de la jueza laboral, Laura Cristina Castagnino, ordena al Gobierno de Larreta devolver inmediatamente a las y los docentes el dinero descontado por los paros de abril, como así también, abstenerse de hacer nuevos descuentos en mayo.

Además, la resolución de la Justicia laboral sanciona el comportamiento antisindical de la Ministra Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la ley de Asociaciones Sindicales, más conocida como la Ley 23.551, que en su artículo 47 señala que “Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical”.

Según informó Página 12, desde el Ministerio de Educación no consideran que ese tribunal sea competente y se amparan en fallos del Tribunal Superior de Justicia porteño que les reconoció el derecho a descontar los días de huelga.

Si bien, desde Ademys adelantaban la apelación al fallo por parte del Gobierno porteño, destacan la medida como una victoria importantísima para la docencia. “Continuaremos llevando adelante las medidas jurídicas en este sentido, y también todas las instancias de organización y del fondo de huelga para que no se consume el intento del gobierno de disciplinarnos y ahogar nuestra lucha incautando ilegalmente nuestro salario”, sostuvieron desde el gremio.