Desde las 7 de la mañana hasta la media noche, se realizarán clases públicas dictadas por docentes y por los decanos de las 13 facultades de la UBA. También se montarán distintos espacios de atención gratuita para la comunidad con servicios de odontología, óptica, veterinaria, clínica médica, asesoramiento jurídico y contable y asistencia psicológica.

Durante la jornada, se exhibirán proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados dentro de la universidad. Entre las propuestas se presentará un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes. Como una forma de mostrar a la ciudadanía todo lo que sucede dentro de la casa de estudios y es devuelto a la sociedad en materia de soberanía científica, innovación productiva y desarrollo nacional.

El eje de la protesta es la exigencia de que el Poder Ejecutivo aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla con los fallos judiciales relacionados con la recomposición salarial y las becas para estudiantes.

El conflicto se profundizó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la ley solo podría ejecutarse una vez que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento.

La medida generó presentaciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales.

En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la normativa.

Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. Según señaló el magistrado, el impacto fiscal de la ley representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

En este contexto, los gremios universitarios ya anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, avanzarán con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria.