“Desfinanciar no puede ser la respuesta. La alimentación escolar es esencial, no una variable de ajuste”, sentenció Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría, quien advirtió que el derecho a la educación se ve directamente resentido cuando falla el sustento básico de los estudiantes.

De acuerdo al último informe del organismo, el sistema presenta graves fallas en los mecanismos de control, demoras en la aplicación de sanciones y deficiencias en la calidad de las viandas, incluyendo casos de comida en mal estado, porciones insuficientes y menús que no se respetan.

Un reciente análisis técnico advirtió sobre serias irregularidades administrativas debilitan el control de los servicios contratados. Entre los principales problemas se detectaron actas de incumplimiento sin firma de autoridades ni empresas, registros sin orden cronológico y demoras en las notificaciones de sanciones que, en algunos casos, llegan hasta siete meses después.

En este marco, el recorte presupuestario reabre el debate sobre las prioridades de gestión. El recorte en el Programa 51 se alinea con la lógica del Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura porteña (dominada por la conjunción PRO-LLA), donde la gestión de Macri prioriza la inversión en seguridad por encima de las partidas sociales.

Desde la Auditoría insisten en que la función del control no es solo señalar problemas, sino también proponer mejoras, y advierten sobre el impacto de ajustar en áreas sensibles.