El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 aceptó analizar el caso, que está en plena producción de pruebas, y tiene al Ministerio de Capital Humano en la mira.

La acción fue presentada en noviembre del año pasado “porque entendíamos que la adolescencia es una de las franjas más débiles y vulnerabilizadas respecto a lo que se refiere a políticas públicas. Es una de las formas donde más impacta la pobreza y la indigencia”, expresó a Tiempo Clarisa Adem, directora de Litigios Estratégicos de la Defensoría.

La iniciativa fue presentada en favor de jóvenes de entre 15 y 17 años, ya sean titulares o aspirantes elegibles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) en el marco de la Ley 27.726, que comenzó a implementarse desde 2014 para promover la inclusión educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad, apoyando su permanencia en los distintos niveles del sistema educativo.

“Nos presentamos en la justicia para pedirle por este grupo etario en dos sentidos: por un lado, el monto está absolutamente desactualizado. En 2023 era de 20 mil pesos por mes y desde el año pasado quedó congelado en 35 mil. Hay un desfasaje absoluto”, recalcó la abogada.

En segundo término, Adem destacó que se abordó “el tema de la dificultad en la accesibilidad, porque el Ministerio de Educación, hoy Secretaría, debería hacer campañas, difusión. Incluso, la ley contempla los Espacio Progresar o Puntos Progresar, que son tutorías, acompañamientos para que los pibes puedan encarar el trámite. Todo eso está desmantelado, dejaron de existir”.

En el amparo, la Defensoría plantea que el monto actualizado de la beca debería ser de al menos 78 mil pesos. “Hay que tener en cuenta que el programa apunta al grupo más vulnerable. Para inscribirte tenés que acreditar que no tenés ingresos mayores a tres salarios mínimos. O sea, unos 900 mil pesos”, insistió la directora de Litigios Estratégicos de la Defensoría.

De acuerdo a los datos estadísticos aportados por la Dirección de Fortalecimiento Educativo y presentados en la acción colectiva, en el 2022 se presentaron en la primera inscripción 464 mil beneficiarios; en el 2023, 484 mil; mientras que el año pasado hicieron lo propio unos 354 mil. “Hubo 100 mil chicos menos. Eso atenta no solo con el derecho a la educación, sino también con la igualdad porque uno de los objetivos de la ley es la terminalidad educativa”, advirtió la abogada.

Fuente: Tiempo Argentino