El recurso colectivo impulsado por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes recayó en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad 22.

La presentación cuestionó la licitación pública que concesionará por cuatro años más el sistema de alimentación escolar, que desde hace dos décadas está en manos de las mismas 19 empresas, según denunciaron los amparistas.

El servicio en cuestión incluye el comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes. Desde las organizaciones advirtieron que dentro del menú hay "tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas y productos ultraprocesados para bebés de un año".

Piden que se democratice la discusión de Servicios de Comedores Escolares y mejore la calidad del alimento que dan. "Queremos que nuestros chicos se alimenten en las escuelas, y eso está lejos de suceder si se mantiene el sistema de prestación a través de concesionarias", señalaron. 

En el mismo sentido, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó la semana pasada un proyecto para cambiar el sistema vigente de los comedores y viandas escolares de la Ciudad de Buenos Aires, al asegurar que "la calidad de la comida es mala" y denunciar "un negocio" entre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con las empresas proveedoras del servicio alimentario.
El abogado, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostuvo que "las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución nacional".

En tanto, María Eva Koutsovitis, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, precisó que "una semana antes del comienzo de clases, el Gobierno porteño llamó a una licitación pública para definir qué empresas van a ocuparse del servicio" y señaló que "todo indicaría que estaría direccionado para favorecer a las mismas 19 empresas denunciadas sistemáticamente por las familias, las cooperadoras y los organismos públicos".

 

Fuente: Télam