Desde el mediodía, se desarrollan concentraciones en distintos puntos de la ciudad. Uno de los principales puntos de encuentro es la Plaza Houssay, donde la comunidad de la Universidad de Buenos Aires se reúne antes de marchar hacia el microcentro.
También hay convocatorias en avenida de Mayo y Salta, Diagonal Norte y Diagonal Sur, con la participación de gremios y centrales sindicales.

La marcha convocada por la Federación Universitaria Argentina en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Congreso y vetada por el Gobierno nacional. 

“Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, sostuvo en diálogo con La Nación el rector de la Universidad de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.

La Ley de Financiación Universitaria, sancionada por el Congreso en 2025, exige al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. 

Entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6%. Esta situación que pone en riesgo el funcionamiento básico, las tareas de investigación y el sistema de becas. Asimismo, el Frente Sindical Universitario exige una respuesta urgente a la pérdida del poder adquisitivo, que ya perforó los mínimos históricos del año 2004.

Se estima que el 80 por ciento de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza y más de 10 mil docentes ya dejaron las aulas 

Desde las universidades advierten que el funcionamiento de las casas de estudio, laboratorios y hospitales universitarios se encuentra en riesgo.