La causa se había iniciado en 2018, a raíz del reclamo de una madre que quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad y, en caso de no conseguir vacante, pidió que fuera subsidiada en un jardín privado. Al momento de la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad no le brindó ninguna de las dos opciones, por lo que el niño quedó en «lista de espera».

Amparada en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que "la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior", la madre denunció a las autoridades por no garantizaron el derecho a la educación de su hijo.

El conflicto se extendió, hasta que Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer un fallo a la medida del Gobierno de la Ciudad, que dispone que sólo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de un establecimiento privado. En la resolución, además, los jueces agregaron que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ).

Desde ACIJ publicaron un comunicado donde aclaran que “la decisión judicial que considera que el GCBA no se encuentra obligado a garantizar vacantes previo a sala de tres años, es absolutamente regresiva respecto de los compromisos que ya había asumido el Poder Ejecutivo Local”.

La abogada y codirectora de ACIJ, Constanza Argentieri, afirmó en diálogo con Télam que “en este fallo hay varios riesgos, por un lado, habilita al gobierno porteño a dejar de tomar medidas para garantizar la universalidad de la educación pública, y por otro lo que puede terminar sucediendo, y es una de las grandes preocupaciones, es que a partir de la falta de inversión haya escuelas segregadas para las familias que no pueden pagar la educación de gestión privada”.

“Luego de un año en el que se profundizó la desigualdad educativa, poner en cuestionamiento la posibilidad de acceder a la educación desde una temprana edad y sin discriminación implica poner en riesgo los derechos de miles de niñas y niños de la Ciudad”, advirtió la abogada.

También la Unión de Trabajadores de la Educación repudio el fallo y denunciaron que: "Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casas de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos".