“La Dirección General De Guardia De Auxilio Y Emergencia ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el SÁBADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana". Así le confirmaba el Ejecutivo porteño a la justicia que, finalmente, luego de siete años de ilegalidad, el paredón de Clarín llegaba a su fin. Ya no quedaba instancia judicial que lo pudiera salvar. La Corte Suprema había desestimado el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la sentencia de 2015 que ordenó demoler la pared quedó firme.

Y allí fuimos desde Sur Capitalino a cubrir la noticia. Pero, una vez más, el diablo metió la cola y el Grupo Clarín su poder: a pesar de haber inspeccionado el lugar días antes, la Guardia de Auxilio se topó con “imprevistos” y no pudo cumplir con la orden judicial. Al ratito de llegar, se fueron. “Dichas tareas no pudieron ser concretadas por una serie de problemas técnicos y estructurales hallados por los encargados del operativo, pertenecientes a la Dirección General de Fiscalizaciones y Control (DGFyCO) y la Dirección General de Obras y Catastro (DGROC)”, señalaron después en un comunicado. Las excusas fueron “la presencia de una caja de medición de potencial de gas, una cámara de inspección de telefonía, un poste con tensor en medio de la calzada y una instalación eléctrica privada”. También señalaron que del otro lado del muro “había autos estacionados y dos estructuras metálicas con techo de chapa que estaban apoyadas en el muro”. Claro, sí, todo esto podía ocurrir, pero debían preverlo con anticipación y, casualmente, no lo hicieron.

A lo largo de estos años de proceso judicial, el Gobierno porteño -de Mauricio Macri primero y Rodríguez Larreta después- intentó estirar lo máximo posible la resolución de la justicia, todo para que el fallo de la jueza Lidia Lago (que al único que perjudicaba era a Clarín) no se cumpliera.

El amparo que derivó en la orden judicial había sido presentado en 2013 por los ex legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo junto a vecines de la villa 21-24, les más perjudicades por la construcción del muro. Solicitaban la apertura de la calle –obviamente pública- Ascasubi al 3200, por la que no podían circular. El paredón de cuatro metros de alto lo había construido Clarín para usar la calle como estacionamiento privado del predio donde desde los 90 tiene su planta impresora Artes Gráficas Rioplatenses (AGR). Tan dueña de la calle se sentía la empresa que hasta colocó una garita y una barrera para definir a quién dejar pasar y a quién no.

A lo largo de estos años de proceso judicial, el Gobierno porteño -de Mauricio Macri primero y Rodríguez Larreta después- intentó estirar lo máximo posible la resolución de la justicia. Apelaciones, recursos de queja, de inconstitucionalidad, todo para que el fallo de la jueza Lidia Lago (que al único que perjudicaba era a Clarín) no se cumpliera.

“¿Larreta demolió el muro ilegal de Clarín? La respuesta no los sorprenderá. No. Dicen que se encontraron con "problemas técnicos y estructurales". Qué curioso: la semana anterior habían inspeccionado el lugar”, publicó en su cuenta de Twitter el senador porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde. “Después de 7 años, siguen poniendo excusas para ganar tiempo. El jefe de Gobierno no cumple con la Justicia. Cumple con Clarín para asegurarse el blindaje mediático”, siguió.

Diez años de reclamo y el muro sigue ahí. Las y los vecinos de la villa 21-24 siguen siendo discriminados por un gobierno que reprime cuando cortan una calle para protestar pero que después protege a una mega empresa que impide el paso para hacer sus negocios.