La audiencia se realizará a través de la plataforma Zoom y permitirá la participación de oradores previamente inscriptos. Además, habrá transmisión online abierta para el público general. El proceso forma parte de los requisitos administrativos y legales necesarios para el avance del emprendimiento, aunque las exposiciones y conclusiones no tendrán carácter vinculante.

La iniciativa, que prevé la construcción de un nuevo barrio de torres de lujo frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur, genera fuertes discusiones políticas, urbanísticas y ambientales.

El proyecto contempla la urbanización de aproximadamente 71,6 hectáreas mediante la construcción de torres residenciales, oficinas, hoteles, comercios, establecimientos educativos, centros de salud y amplios espacios públicos.

Según el acuerdo urbanístico aprobado entre el Gobierno porteño y la desarrolladora, podrán edificarse cerca de 895.000 metros cuadrados sobre el predio. A cambio, la empresa deberá destinar más del 70% de la superficie a espacios verdes públicos y ceder parcelas adicionales para proyectos vinculados al desarrollo urbano y tecnológico.

Sin embargo, el proyecto viene generando un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, especialistas urbanos y vecinos de distintos barrios porteños, que cuestionan tanto el impacto ambiental de las obras como el modelo de urbanización propuesto para la ribera.

Entre los principales cuestionamientos aparece la altura de las torres proyectadas, que podrían alcanzar hasta 145 metros, además de la modificación del paisaje costero y la construcción de canales internos de agua. Los sectores críticos advierten que estas intervenciones podrían alterar el ecosistema ribereño y afectar el funcionamiento ambiental de la Reserva Ecológica.

También existe preocupación por el impacto que el emprendimiento podría tener sobre barrios cercanos como La Boca, Nueva Pompeya y el barrio Rodrigo Bueno. Diversas organizaciones sociales y urbanísticas sostienen que el avance de desarrollos inmobiliarios de lujo podría profundizar los procesos de valorización del suelo y aumentar las desigualdades en el acceso al espacio público costero.

Durante instancias previas de participación ciudadana, numerosos vecinos, arquitectos, urbanistas y referentes ambientales manifestaron objeciones al proyecto. Entre otros puntos, reclamaron estudios de impacto ambiental actualizados y una evaluación integral sobre las consecuencias de la urbanización sobre el humedal costero.

Las organizaciones ambientalistas consideran además que el modelo urbanístico propuesto prioriza la rentabilidad inmobiliaria por encima de la preservación ambiental y del acceso democrático a la ribera. Algunos sectores incluso comparan el emprendimiento con un enclave urbano de alta gama aislado del tejido social circundante.

La iniciativa de IRSA también generó tensiones dentro de la Legislatura porteña. Si bien el oficialismo logró avanzar con distintas aprobaciones parlamentarias, sectores opositores cuestionaron los beneficios otorgados a grandes desarrolladoras inmobiliarias y reclamaron mayores garantías ambientales.

El debate excede el caso puntual del emprendimiento y se transformó en una discusión más amplia sobre el modelo de ciudad que proyecta Buenos Aires para las próximas décadas. Mientras algunos sectores impulsan la expansión urbana y el desarrollo del mercado inmobiliario de alta gama, otros reclaman políticas centradas en la preservación ambiental, la integración urbana y el acceso público a la costa.

Fuente: Conexión Ciudad