“Incidencias que afectan la limpieza del espacio público”. Lo que podría ser una frase de ocasión resume la concepción que el Gobierno de la Ciudad tiene de les recuperadores urbanos (o cartoneros), y las personas en situación de calle, según un reciente llamado a licitación que insta a relevarlos. Pese a la organización que el trabajo de estos grupos fue adquiriendo desde las últimas dos décadas, persiste y se refuerza la mirada deshumanizante hacia esta población, muy presente debido a la desigualdad social en el sur, y que se enmarca en el endurecimiento de la política asistencialista de la gestión macrista de cara a la campaña electoral.

Todo nació en un llamado a licitación que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana lanzó a mediados de marzo para realizar un relevamiento de las “condiciones que impactan en la higiene” de las calles. El programa consiste en dar cuenta de “elementos que alteren la imagen de Ciudad Limpia” (así dice el textual), y dispone un presupuesto de 1500 millones de pesos.

En la propuesta del Ministerio, se anticipa que quienes realicen el relevamiento deben dar cuenta de “presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle”, y de “presencia de recuperadores haciendo acopio de material”. Estos grupos, que marcan a fondo la deuda social del Estado incluso en el distrito con mayor ingreso del país, son presentados así en un plano de igualdad con la basura misma, el cacharro o cualquier afectación producto de desecho de residuos o acumulación que puedan tener las calles.

“Todos los días nos discriminan. Es algo cotidiano”, cuenta Maximiliano Cabrera quien integra la cooperativa “Amanecer de los cartoneros”, de Parque Patricios. 

Por eso, las organizaciones de cartoneros y personas en situación de calle se movilizaron rápidamente para cuestionar el proyecto y pedir su derogación. El 3 de abril realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco, en la que hablaron de “discriminación” y un trato “deshumanizante”. “Una concepción de una ciudad limpia no debe ir en detrimento del sentido más básico del reconocimiento de la vida humana”, dijeron. A la presentación adhirieron también organizaciones defensoras de derechos humanos, vecinales y ambientalistas.

Otro punto de cuestionamiento tiene que ver con que la licitación se vaya a adjudicar a una empresa de higiene y no a las áreas “vinculadas a Trabajo o Desarrollo Social”, un gesto que se interpreta en la misma lógica de asociar a objetos residuales con personas. Por todo esto, anticipan, “habrá un crecimiento de la violencia en las calles hacia las personas más necesitadas de ayuda por parte del Estado”, en caso de avanzar con el programa.

Por eso, piden que se “deje sin efecto las ofertas recibidas” en el llamado, y solicitan al Gobierno de la Ciudad la conformación urgente de una “mesa de diálogo con las cooperativas cartoneras, organizaciones sociales, ambientales y de DDHH porteñas para buscar soluciones que respeten la integridad de las personas”.

Las cooperativas proponen que los 1500 millones de pesos que se quieren destinar a esta licitación –casi 85 millones por mes- se destinen a "las personas que viven en la calle quienes continúan siendo violentadas; con subsidios habitacionales que cubre con suerte la tercera parte de un alquiler y lugares para dormir temporalmente en condiciones deplorables, que en caso de conseguir vacante se encuentran superpoblados".

“Abandono total del Gobierno de la Ciudad”

En el comunicado de rechazo, los denunciantes aprovechan para volver a poner sobre la mesa una cuestión permanente: el hostigamiento hacia las personas en situación de calle y recuperadores urbanos a través del área de Fiscalización del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana”. Maximiliano Cabrera es cartonero, e integra la cooperativa “Amanecer de los cartoneros”, que tiene sede en Parque Patricios (José A. Cortejarena 3151) y es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos . Él pone en palabras concretas esta situación: “Todos los días nos discriminan. Es algo cotidiano”, cuenta. 

En la misma lógica, explica que no solo hay malos tratos sino que acopian la mercadería que elles juntaron. “Nuestros compañeros salen a trabajar temprano en donde juntan todo lo que sale, sea cartón, plástico, vidrio, o lo que sea. El camión de la Cooperativa pasa a recoger eso. Pero a la gente de Espacio Público, acompañado de la policía de la Ciudad, les molesta. Entonces vienen y les sacan lo que juntaron. Algo que costó mucho esfuerzo, todo el día, porque lamentablemente cada vez somos más y cuesta encontrar”, manifiesta Maxi.

“Y si te oponés, te recagan a palos, te meten preso y no te devuelven ese material, no sabemos dónde va. Obviamente sospechamos que ellos mismos lo venden, lo que nosotros mismos juntamos”, revela.

A su vez, destaca que la mayor persecución la sufren les cartoneres que no están dentro del sistema oficial (son unos 800, mientras que cerca de 4000 sí están inscriptes solamente en “Amanecer de los cartoneros”).

Maximiliano habla de un “abandono total del Gobierno de la Ciudad” en el predio donde cotidianamente hacen el reciclado. “El Gobierno alquila maquinaria para que se haga el trabajo en la planta, pero está todo en mal estado en lo que es el mantenimiento y la mecánica. También hay fallas en las luces y en los baños. Argumentan que no hay plata, pero parece que para esta licitación sí sale”, cuestiona.

Otro planteo viene por el lado de la indumentaria. “Los compañeros reciben ropa solo una vez por año, y el personal que controla si te encuentra en la calle sin la ropa, te descuentan. ¿Cómo pretenden con este calor que pueda mantenerse la ropa?, se pregunta, mostrando otra cara de la deshumanización de la política oficial al respecto.