La Legislatura tendrá que suspender la reunión conjunta de las Comisiones de Planeamiento y de Presupuesto prevista para este lunes 26 de julio donde se iba a tratar el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 que tiene por objeto aprobar el convenio firmado entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para autorizar la construcción de un barrio cerrado de lujo en la Costanera Sur sobre un humedal.

La acción de amparo colectivo ambiental fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular, y la Defensoría de Laburantes para exigir el cumplimiento de las leyes de la Ciudad que establecen la realización de ambas instancias administrativas en el caso de emprendimientos que modifican el entorno urbano.

El freno estará vigente "hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico", entre ellas, la Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria.

“El tratamiento exprés del proyecto de Costa Urbana, evadiendo procesos de evaluación y de participación dispuestos en la Constitución, a fin de garantizar ganancias extraordinarias de millones de dólares a una desarrolladora privada, evidencia la necesidad colectiva de discutir y avanzar hacia un nuevo paradigma urbano diametralmente opuesto al que se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas y que se ha basado en el despojo y la privatización de lo público, haciéndola colapsar y llevándola a una crisis ambiental, habitacional y de servicios públicos”, señaló la Ingeniera especializada en Hidráulica y Cambio Climático, María Eva Koutsovitis. 

El abogado especializado en derecho urbano y fundador del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que: “Es una sentencia histórica. El Juez Scheibler enaltece la Democracia Ambiental para estar a la altura del desafío de la crisis climática. No podemos permitir que la Planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural, y el ambiente urbano. Tampoco que se consolide el mayor despojo de tierras públicas de la ciudad que perdió 71 hectáreas de tierras públicas costaneras sin nada a cambio.  Tenemos el mandato de la Constitución de la Ciudad de recuperar los sectores privatizados de la Costanera para que vuelvan a manos de la ciudadanía porteña y así garantizar su uso común y ecológico. Es un delirio urbanístico destruir un humedal costanero, como se reconoce en la sentencia, para construir torres de 145 metros de altura”.