Vía libre al negocio inmobiliario

El oficialismo porteño logró incluir el tratamiento del convenio con la empresa IRSA para construir un barrio de torres de lujo en la Costanera Sur en la sesión ordinaria de este jueves, a pesar de encontrarse vigente una medida judicial que exige suspender el trámite hasta tanto se realicen los estudios de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública Obligatoria que exigen las leyes de la Ciudad.

 

Vía libre al negocio inmobiliario

El convenio, cuestionado por la oposición y por organizaciones ambientalistas y sociales, busca modificar las normas urbanísticas del predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado al sur de la Reserva Ecológica para construir un barrio semi cerrado con torres de lujo de hasta 45 pisos.

A raíz de un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otras organizaciones que defienden el ambiente y el espacio público, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler ordenó "suspender precautelarmente el trámite". Aunque la resolución de Scheibler fue apelada por Vamos Juntos, la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió, lo que implica que la medida sigue vigente.

El magistrado había ordenó suspender el trámite del proyecto Costa Urbana hasta tanto el Poder Ejecutivo realizara las actuaciones administrativas que prevé la Ley N° 123 respecto a los proyectos que modifican el entorno urbano - evaluación del Impacto Ambiental y Audiencia Pública-  que el oficialismo había logrado evadir para acelerar la aprobación del convenio que promueve un negocio millonario para IRSA y afecta directamente a un humedal natural sobre la costanera.  

En la reunión de labor parlamentaria realizada ayer, el convenio quedó incluido en el temario, pero fuentes legislativas indicaron que la votación podría ser postergada a último momento por la orden judicial vigente. Desde el bloque del Frente de Todos (FdT) ya adelantaron que rechazarán la iniciativa. 

Además, volvieron a denunciar la celeridad con que se trató el convenio desde que ingresó a comisiones: "Obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad". A su vez, remarcaron que "tampoco se analizó la integración que tendría en relación al barrio Rodrigo Bueno ni se informó o consultó a las autoridades de la Comuna 4, donde se ubica el proyecto".