En los barrios del sur lo único que sobra es la falta de vivienda. Las condiciones habitacionales en la Comuna 4 son las peores de la Ciudad. Asentamientos, villas y conventillos son el techo de miles de porteñes que sobreviven muchas veces sin agua, sin cloaca, sin gas. Sin embargo, lejos de buscar dar respuesta a esta problemática, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió impulsar un convenio con el mayor grupo inmobiliario del país para que, justamente en terrenos ubicados en esta comuna, desarrolle un negocio millonario para personas ídem. Tierras que fueron públicas, que son humedales y que podrían convertirse en un parque costero que mire al río, en una ciudad que le da la espalda.  

El proyecto del grupo IRSA ahora lleva el nombre de “Costa Urbana” pero supo ser Santa María del Plata y Solares de Santa María en sus otros intentos por avanzar en la construcción de un complejo vip con torres de 45 pisos de altura. Son casi 71 hectáreas –como medio barrio de San Telmo- ubicadas frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio Rodrigo Bueno. La empresa de Eduardo Elsztain se las compró en 1997 al Club Atlético Boca Juniors en 61 millones de dólares. Hoy el grupo habla de una inversión de más de mil millones. Un negocio redondo en la parcela privada más grande de toda la Ciudad.

Para avanzar en el proyecto, Elsztain necesita de la aprobación de la Legislatura de un proyecto cuyo autor es el propio Rodríguez Larreta. Pero lo que parecía que podía ser un trámite exprés se complicó gracias a la resistencia de un amplio arco de espacios políticos, sociales y deportivos. El rechazo de vecines y organizaciones se hizo público y también llegó a la justicia. Así fue que el juez porteño Guillermo Scheibler –tras un amparo presentado por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad- ordenó la suspensión del trámite parlamentario que avanzaba a una velocidad récord. Tanto fue el apuro que se habían salteado convocar a audiencia pública y hacer estudios de evaluación de impacto ambiental. En realidad, el Gobierno porteño acompañó un “informe técnico” de 19 páginas que, a las claras, no puede tomarse con seriedad ante un megaproyecto como este.

En la sesión del jueves 5 de agosto, la misma que trató la renuncia del vicejefe de la Ciudad y presidente de la Legislatura, Diego Santilli, les diputades oficialistas anunciaron que “por una decisión política” el convenio quedaría “reservado” para una discusión posterior, aunque estaba incluido en el temario. Antes, intentaron tratar como “cuestión de privilegio” el rechazo al freno del Poder Judicial, pero no lograron los dos tercios de los votos. Así que, por ahora, el proyecto quedará invernando hasta encontrar una nueva oportunidad en un año electoral.  

Pocos y ricos

Aunque en la Ciudad de Buenos Aires la población es la misma desde hace décadas, las construcciones de lujo avanzan al ritmo del crecimiento de la desigualdad. Puerto Madero es un claro ejemplo de cómo este tipo de departamentos son destinadas más a la especulación inmobiliaria que a vivienda real. Según desarrolladores del sector, el metro cuadrado en el proyecto de IRSA podría ser el más caro de la Ciudad, alcanzando los 5.500 o 6.000 dólares, por encima de los 5.300 que cuesta, en promedio, una unidad en Puerto Madero.

“Más del 60% de lo que se construye en la Ciudad se destina a construcciones lujosas y suntuosas, utilizadas como reserva de valor. Quienes sufren problemas de vivienda no pueden acceder a ellas. La creciente explotación del suelo y la construcción de viviendas cada vez más caras empujan el precio de la tierra y con él, el de la vivienda y los alquileres. Esto impacta también en productos, servicios, impuestos. Quienes no puedan absorber estos incrementos deberán buscar barrios más económicos y, una vez agotados, mudarse de la Ciudad. Es un proceso que lleva tiempo, pero existe y, si no hacemos algo, esta gestión continuará acelerándolo”, analizó el legislador del Frente de Todos, Javier Andrade.

En la presentación del proyecto que hace algunas semanas hizo Elsztain entre los suyos, definió a Costa Urbana como el vínculo entre la zona sur y Puerto Madero. “Ya me imagino un puente que una a Costa Urbana con la Reserva Ecológica”, dijo usando ese estilo “greenwashing” a través del cual algunas empresas intentan lavar su imagen mostrando productos “verdes” como sinónimo de “ecológicos”.

Sin embargo, de ecológico no tiene demasiado: Si avanza el convenio, “se autorizaría destruir un humedal para construir un nuevo Puerto Madero –sostiene Jonatan Baldiviezo del ODC-. Este proyecto no hace más que consolidar un ciclo de despojo de la tierra pública. Esos terrenos tendrían que volver a manos públicas, tal como lo indica la Constitución”, propone. En ese sentido, presentó un proyecto con más de mil firmas para pedir la expropiación de las 70 hectáreas y que sean destinadas a reserva ecológica y parque público.

Pero el parque público que plantean desde el Observatorio y que también impulsan otras organizaciones –ya hay tres proyectos presentados en la Legislatura- no es el tipo de espacio verde al que se compromete IRSA para compensar los permisos de edificación de torres, viviendas y locales comerciales en la ribera. Lindero a un barrio exclusivo, este parque se volvería ajeno y expulsivo para las familias populares de la zona sur que necesitan de espacios verdes para recreación y esparcimiento.    

La cesión a la Ciudad del 67% del terreno para parque público se presenta como un proyecto privado que generosamente piensa en les vecines, pero catapulta la historia de un predio que fue del Estado nacional y que con el cambio de zonificación se volvería un enorme negocio multimillonario. El Código Urbanístico actual, explica Baldiviezo, dispone que toda propuesta de urbanización superior a 1,5 hectáreas se encuentra obligada a la cesión gratuita de una superficie no menor del 25% ni mayor del 50 por ciento. Así, el nuevo convenio sólo implicaría un beneficio extra para el distrito del 17% del predio, a cambio de autorizar el incremento en ocho veces de la altura permitida y el cambio del uso deportivo del predio a complejo suntuoso.

La resistencia

El rechazo a este emprendimiento inmobiliario rápidamente se hizo oír por estos sures, tal como sucedió hace pocos meses atrás con el ruidoso rechazo al proyecto en Costa Salguero.

La Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo de la Comuna 4 elevó a ese órgano participativo el rechazo al proyecto, por un lado, porque implica perder un borde costero que además está asentado en zona de humedales, y por el otro, porque "tampoco pueden argumentar estar solucionando los problemas habitacionales que hay en la comuna ya que es claro que es un emprendimiento de lujo y no habilitaría viviendas para gente de bajos recursos", como explica la historiadora urbana María Rosa Gamondés, que integra la Comisión.

A través de un comunicado, la Comisión de Vecinos de la Calle Irala también alertó sobre el plan de los socios Elsztain y Larreta para el predio que es parte formal del barrio de La Boca: este tipo de proyectos “tiene como destino la especulación con emprendimientos dirigidos al mercado ABC1 y, como efecto, la generación de barreras urbanas y sociales que magnifican las inequidades y la exclusión, a la vez que alejan a la ciudadanía de la naturaleza”. Además, denunciaron que “mientras se perpetúa la falta de acceso a la vivienda, la reserva de inmuebles residenciales ociosos como especulación financiera sigue devorando los pocos predios disponibles y demoliendo inmuebles de valor patrimonial para multiplicar metros cuadrados construidos por sobre los valores del paisaje urbano”. Les vecines coinciden en que la salida es la expropiación de los terrenos y su uso recreativo y comunitario.

En el mismo sentido, el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone envió una carta a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura donde plantearon el rechazo al proyecto “en beneficio de IRSA y en detrimento de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio” y recordaron que, según la ley 2240, La Boca se encuentra en emergencia urbanística y ambiental. Además, le pidieron a les legisladores que trabajen “no como un agente gentrificador, sino como los representantes en el recinto de los intereses de los porteños y porteñas en su conjunto, en propuestas y proyectos de urbanismo táctico y de planificación estratégica sin expulsión, mediando para que la asimetría del poder que nos pone en un lugar muy desigual, no nos destruya y nos impulse en igualarnos, tal y como manda nuestra Constitución”.