Veinte meses después, los artesanos y artesanas de la Feria Vuelta de Rocha siguen esperando la solución a un conflicto que no empezaron. En septiembre de 2024, el gobierno de la Ciudad los desalojó de su lugar histórico. Después, les impuso una nueva ubicación que la mayoría rechazó y que le terminó quitando al barrio una plaza durante casi un año. Finalmente, tras decenas de marchas y reuniones con funcionarios, llegaron al acuerdo temporal de rearmar la feria, pero en la ribera del Riachuelo. Eso ocurrió en agosto pasado. Desde entonces, las y los trabajadores soportan la baja en las ventas -porque el turismo camina mucho menos por ese sector-, un viento que no da tregua y lo que es peor: la incertidumbre que les genera no tener permiso para armar sus puestos. 

“La política del supuesto ordenamiento del espacio público a favor de los emprendimientos privados dejó a la feria en un marco de ilegalidad”. 

En teoría, los permisos debía gestionarlos el gobierno porteño con la Administración General de Puertos, que tiene jurisdicción sobre la primera franja del borde del río. Pero nunca llegaron. Y en enero pasado, la respuesta del organismo nacional fue directamente un no. ¿Las razones? Que el lugar sería utilizado para instalar un “paseo comercial con puestos móviles de emprendedores”, por parte de la Asociación Mutual de Feriantes y Puesteros “22 de Enero”. 

“En todas las reuniones, frente a legisladores, a Defensoría del Pueblo, a la presidenta de la Comuna 4, absolutamente siempre los representantes del gobierno de la ciudad dijeron que ya había un acuerdo con Puertos para la colocación de los puestos en la rambla. Pues bien, cuando nosotros fuimos a colocarlos, desde Puertos nos dijeron que no se podía porque no había ningún permiso”, explicaba hace unos meses Pablo Canobio, uno de los delegados de la feria. Ahora, la información oficial es que ese permiso no llegará porque ya se lo dieron a otros. La respuesta de Puertos llegó en abril y comunica por escrito que “es competencia de esta Administración General de Puertos S.A.U. informar que tanto la Feria Artesanal como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con un Título de Ocupación vigente que les permita llevar a cabo actividades en el sector de marras”. Y el texto concluye: “Por lo que se cumple en informar que a la fecha la superficie no se encuentra disponible”.

¿La Ciudad ya lo sabía mientras les seguía diciendo a los feriantes que los permisos estaban en trámite? 

Ya en septiembre del año pasado, un documento de Puertos al que accedió Sur Capitalino analizaba que para el organismo era “más conveniente” otorgar el uso del lugar a la Mutual 22 de Enero y no a la Ciudad porque “desde el punto de vista económico, la propuesta presentada por los particulares podría representar mayores ingresos”. Es que la tarifa comercial para uso y explotación de espacios portuarios, señala el informe, es de 3,60 dólares por metro cuadrado o fracción, mientras que la de la ciudad sería de 0,14 dólares. Se trata de 315,18 metros cuadrados en “la zona del muelle elevado de La Boca”. Unos 1134 dólares ¿por día? 

“La política del supuesto ordenamiento del espacio público a favor de los emprendimientos privados dejó a las ferias artesanales de Caminito en un marco de ilegalidad y al borde de la desaparición, ya que al día de hoy, después de casi 2 años de conflicto, no tenemos permisos”, denuncia Canobio.

El 13 de marzo Puertos selló el acta de tenencia con la Mutual. Aún no hay novedades del paseo.

¿Qué pasará con la feria?      

Las condiciones de las y los feriantes que arman sus puestos de jueves a domingos son cada vez más precarias. De los 69 puestos que tenían, hoy tienen 46 habilitados, lo que redujo la feria de hecho. Desde que cambió la conducción del Museo Quinquela ya ni siquiera les permiten usar esos baños. A la incertidumbre cotidiana, se suma que todos los días observan cómo todos los argumentos que el gobierno porteño esgrimió para desalojarlos se caen a pedazos: en el espacio donde funcionaba la feria hoy se despliega una enorme plataforma con mesas del bar La Perla y otra estructura cerrada del tango-show vecino. Mientras que las dos callecitas que bordean la Plazoleta de los Suspiros, que Espacio Público esgrimió que había que despejar para que pasen vehículos de emergencia, hoy están inutilizadas, una porque se usa como estacionamiento y la otra porque el gobierno instaló bolardos que impiden el tránsito. Da la sensación de que en Caminito puede funcionar cualquier cosa, menos la feria.