Carla Soggiu: denuncian a Larreta
El 15 de enero de 2019 Carla Soggiu murió ahogada en el Riachuelo, a la altura del barrio de Barracas, luego de presionar un botón antipánico que nunca funcionó. La justicia se lo había otorgado tras haber denunciado a su ex pareja por tortura y violación en la Oficina de Violencia Doméstica. Al momento en que Carla accionó el botón, el GPS del dispositivo no funcionaba y el móvil policial no pudo encontrarla.
A tres años de la muerte de Carla Soggiu, su familia denunció a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli por su responsabilidad en la contratación de la empresa tercerizada que prestaba el servicio del botón antipánico que tenía que protegerla y falló.
Por las conversaciones que Carla llegó a tener con el operador, se pudo saber que había perdido noción del tiempo y el espacio. La familia ya había denunciado que eso fue consecuencia de los golpes que le había propinado Fuentes semanas antes.
En la denuncia presentada por Alfredo Barrera, padre de Carla, se explica detalladamente cómo sucedieron los hechos y por qué la responsabilidad de la muerte le cabe también tanto al jefe de gobierno, como al por entonces vicejefe de gobierno y ministro de seguridad de la Ciudad, Santilli.
Resulta que “se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”.
El Gobierno de la Ciudad mantuvo contrato por el servicio de Botón Antipánico hasta el 31 de diciembre de 2017 con la empresa CORADIR S.A. A partir de ese momento, vencido el contrato, la empresa siguió brindando el servicio sin acuerdo formal hasta el 31 de octubre de 2018, fijándose como finalización de la relación la fecha del 31 de diciembre de 2018.
Carla Soggiu recibió el botón antipánico dos días después de la finalización del acuerdo entre el GCBA y Coradir SA. Por ese motivo se desconoce qué empresa brindó el servicio desde esa fecha.
El botón antipánico es un servicio de seguridad que reciben cerca de 3 mil mujeres en situación de riesgo por motivos de violencia de género.
Alfredo Barrera asegura que “si no hubieran discontinuado el servicio de Coradir SA antes de asegurarse de poder brindarlo eficazmente por sus propios medios u otra empresa, mi hija estaría viva”, y agrega: “Fue abandonada a su suerte y murió. La mató el Gobierno de la Ciudad”.
En la denuncia pide que lo tenga por parte querellante, se solicite su declaración testimonial; la de la periodista María Miranda del medio “El Destape”, quien se encargó de realizar la investigación de lo sucedido; de quien fuera el presidente de Coradir SA a fines del año 2018 y, por último, de los operadores del sistema del botón antipánico que atendieron el pedido de auxilio de su hija.