El lunes 6 de mayo de 2024 cuatro mujeres lesbianas fueron prendidas fuego por un vecino mientras dormían en su habitación en un hotel de Barracas.  Pamela Cobbas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante murieron a raíz de las quemaduras.  Sofía, logró sobrevivir luego de varias semanas de internación en el Hospital Penna.

El agresor, Justo Fernando Barrientos, se encuentra preso a la espera del juicio, en una causa donde se le imputa “homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño”. El juez, Edmundo Rabbione no incluyó el agravante por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” contemplado en el Código Penal de la Nación a pesar de testimonios que aseguran que las había amenazado en varias oportunidades por su condición de lesbianas.

La abogada Luciana Sánchez, contó que «seguimos discutiendo con el juez Rabbione que insiste en ignorar aquellos hechos que dan cuenta de la violencia hacia las mujeres y hacia las lesbianas” y lo considera un conflicto vecinal.

Ante esta falta de avances y la nula disposición del juez las «dos de las querellas estamos yendo a la Cámara Nacional de Apelaciones. La querella que representa la Defensoría General de la Nación, al hermano de Pamela Cobbas, y quienes estamos acompañando a Sofía Castro Riglos. Vamos a volver a plantear que el juez está recortando los hechos de la causa, dejando afuera cuestiones relevantes como la calificación jurídica de estos hechos que es femicidio y lesbicidio. Entendemos que hay dos formas de violencia y distintos tipos de derechos que han sido vulnerados de las compañeras y que no tienen por qué ser discriminadas ni excluidas de esta protección de las leyes. Que seas lesbiana no quiere decir que no te proteja la ley de violencia contra las mujeres ni la Convención de Belén do Pará. Estamos yendo a la Cámara con este reclamo que va a tener resolución antes de fin de mes», afirmó la abogada en declaraciones a FM La Tribu.

En este contexto, la querella tuvo que hacer un minucioso trabajo para recuperar el rastro de papel, que son todas las documentaciones administrativas en distintas instancias gubernamentales que dan cuenta de la trayectoria vital de una persona, sobre todo de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, que hacía bastante tiempo estaban en situación de calle. “De Andrea sabíamos poco y logramos recuperar mucha información del Estado de Ciudad y del Poder Ejecutivo de Neuquén que dan cuenta de lo que sufrieron ambas en los años que estuvieron juntas, una persecución sistemática del Estado que incluye intentos de internación forzoso y tratar de separarlas para impedir que convivan. Hay muchos informes de agentes estatales que dan cuenta de denuncias que ellas hicieron por la violencia que sufrieron en los paradores, en los hoteles, por parte de vecinos varones y mujeres que las atacan por ser una pareja y por su orientación sexual, por ser lesbianas visibles”, contó Sánchez.

En sentido, la abogada precisó que esta situación de violencia que sufren las lesbianas es más frecuente de lo que quisiéramos pensar. “Estas son las expresiones más extremas, pero tienen que ver con la acumulación de todas estas formas de violencia que son permitidas, que quedan impunes, que parecen menores. No hay ningún organismo que tenga una buena respuesta frente a este tipo de violencia, porque están obnubilados con la violencia doméstica, con que la violencia sólo es de los varones a las mujeres y que sólo afecta a las mujeres cisgénero y a las mujeres heterosexuales, que no hay lesbianas no binarias, que no hay lesbianas con distintas expresiones de género. Se minoriza, se minimiza permanentemente todas estas formas de violencia y también tiene que ver con un estereotipo que supone que las lesbianas por serlo están más empoderadas y tienen menos problemas”, denunció.