En 2024 hubo 1 muerte cada 39 horas, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y en lo que va del 2025, la sociedad civil reportó 100 femicidios.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, intentó estigmatizar la lucha de los feminismos con sus discursos de odio y con medidas que marcan un claro retroceso para la agenda de las mujeres y los colectivos LGBTI+. Primero fue el cierre del Ministerio de Mujeres como el gran batacazo, pero siguió con el desfinanciamiento y desmantelamiento de la mayoría de programas y políticas públicas que protegían y garantizaban los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.  Ahora, busca eliminar la figura del femicidio del Código Penal. 

Bajo el lema “la deuda es con nosotras”, el colectivo llamó a apropiarse del espacio público para denunciar la violencia de género, la pérdida de derechos y la crueldad institucional contra mujeres y diversidades.

En 2015, el femicidio de Chiara Páez, de 14 años, fue el detonante para que un grupo de periodistas y comunicadoras articularan la primera movilización masiva que colmó las calles y plazas del país para decir basta aquel 3 de junio.  Desde entonces, la consigna #NiUnaMenos se consolidó como una de las principales demandas del movimiento feminista en la región, y sigue vigente con mucha fuerza como símbolo de lucha por una vida libre de violencias para mujeres, niñas y personas LGBTI+. 

En estos diez años, las conquistas fueron muchas: se implementó un registro oficial de femicidios a cargo de la Corte Suprema de Justicia; se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género; se sancionó la Ley Micaela, de capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal.  

Se creó el Programa Acompañar para promover la autonomía económica de las mujeres en contextos de violencia; se crearon fiscalías especializadas en casi todas las jurisdicciones del país para atender las denuncias y garantizar el acceso a la justicia y se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, garantizando derechos sexuales y reproductivos largamente negados. 

La Línea 144, que funcionaba desde 2013, para atender, acompañar y asesorar a víctimas de violencia de género, atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año.  

En este contexto, marcado por el retroceso de los derechos de las mayorías, la decisión del colectivo feminista es unir las luchas porque “nadie se salva solo”.